Recobrar la tranquilidad

Publicado por Francisco Ortiz... on Jue, 09/28/2017 - 15:06
Opinión de: 
Dinorah Pizano

La crisis y emergencia que desató el sismo del pasado martes 19 de septiembre en nuestra ciudad capital puso al descubierto una problemática señalada durante casi una década por las vecinas y vecinos de la delegación Benito Juárez: la cantidad de nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas eminentemente habitacionales y de baja densidad poblacional.

Todos quienes habitamos la demarcación podíamos advertir el sinsentido de aprobar la construcción de edificios con ocho, 10 y hasta 15 niveles en terrenos donde existían hogares de dos niveles. En un lapso corto de tiempo, la infraestructura que soportaba la convivencia de una familia con cinco integrantes, tuvo que hacerlo para 40 departamentos con tres elementos cada uno. Si bien en algunos casos existieron obras de “mitigación”, dichas acciones distan de formar parte de mecanismos de planeación y desarrollo urbano acorde a las condiciones geográficas.

Hoy, a una semana del temblor, la incertidumbre se cierne sobre cientos de vecinos quienes, afortunadamente a salvo, ven amenazado el patrimonio. Por ejemplo, en la calle Paz Montes de Oca, colonia General Anaya, una familia que ocupa una casa habitación tuvo que salir intempestivamente pues un edificio de departamentos colindante sufrió daños severos y representa un riesgo inminente de derrumbe. Se trata de colonos con más de 30 años asentados y sin participación en los asuntos públicos relacionados con el desarrollo urbano. Queda en evidencia la necesidad de involucrarlos en la toma de decisiones y planeación.

Enfatizo lo anterior toda vez que la tarea de los gobiernos, de cualquier nivel, es proveer ciertos grados de certeza a partir de ejercer funciones de carácter público que impacten directamente en la cotidianidad. En el caso concreto de la autorización de construcciones de toda índole lo anterior no ocurrió y el impredecible sismo ocasionó que, con el objetivo de salvar la vida, cientos de juarenses salieran sin pertenencias básicas, muchos de ellos incluso perdieron documentos que acreditan identidad. Estamos frente a un caso de violación al derecho a la memoria histórica.

Tampoco debe pasar desapercibido que viviendas con poca antigüedad devinieron en escombros. Consisten en la fotografía que explica el grado de irresponsabilidad que cobró vidas, patrimonios, proyectos, familias. No existe dinero, justificación o argucia legal que los involucrados en la deformación de la gestión pública puedan esgrimir para justificar omisiones de todo tipo. ¿Con qué o mediante qué mecanismo piensan o determinan que puedan siquiera paliar la pérdida de seres humanos?

El punto de inflexión asoma complejo pero con carácter de ineludible para modificar la acción y organización política. Escenas donde observamos a gente correr en busca de resguardo, dubitativos, compilando lo apenas necesario, en ocasiones arriesgando la integridad para volver a los hogares y sustraer recuerdos que los ciñan a una realidad que no regresará, son inaceptables cuando pensamos en el futuro que debemos construir desde ya.

El crecimiento poblacional representa un reto pues, a la luz de los hechos derivados del sismo, las condiciones que privan en la gestión de los espacios públicos indica un grado de caducidad. Resulta inadmisible seguir con la sobrexplotación de los mantos freáticos y de la red hidráulica, los cada vez más comunes socavones así lo indican.

Asimismo para los vecinos es insostenible continuar defendiéndose de inmobiliarias, pues me consta que la marcha por ellos emprendida se topa con múltiples limitantes como la ausencia de respuesta, indiferencia, incluso algunos reciben amenazas para cejar en su intención de mantener cierto grado de normalidad en el entorno inmediato.

Por ejemplo, baste colocarse por un momento en los zapatos de cientos de profesionistas, amas de casa, adultos mayores, que disponen recursos y tiempo libre para entender lo que implica realizar un trabajo extra: transitar por el entramado institucional y legal para concluir con sinfín de papeleo que termina en nada, sin efecto o modificación alguna. Se cuentan por decenas los testimonios de frustración. Nadie lo merece, no en un ciudad de libertades como esta.

No obstante la lúgubre circunstancia, es menester poner de manifiesto que la organización vecinal mejorará y encontrará las herramientas para rearmarse y continuar la pugna por recobrar tranquilidad en una delegación que queremos, que representa nuestro hogar, nuestro punto de encuentro, donde nos conocemos y reconocemos. El despojo debe parar y pondremos empeño en que así ocurra.

 

 

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