(Mariana Malagón)- Residentes de la colonia Actipan entregaron una carta con alrededor de 500 firmas al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, para demandarles la expropiación del predio ubicado en la calle Oso número 51, donde Galerías Insurgentes planea una ampliación con cines y tiendas de fast food y el consecuente derribo de decenas de árboles; los vecinos piden constituir el inmueble “en patrimonio ambiental y en un espacio de utilidad pública para beneficio social”; esto con base en el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
En dicho documento, los vecinos explicaron detalladamente las irregularidades en torno a la autorización de la construcción del proyecto de Galerías Insurgentes en el predio, contra ñlos establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez vigentes.
Y es que, pese a que las mesas de trabajo se han realizado entre vecinos, gobierno y empresa se han realizado, hasta ahora Galerías Insurgentes-Liverpool se empeña en derribar 65 árboles para construir cines, área de fast food y cuatro niveles de estacionamiento en un predio de uso habitacional, de acuerdo con el Centro de Información Urbana para el Desarrollo y Administración de la Ciudad de México.
La representante de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), Magdalena Jakez Ponce, manifestó que aún no tiene las conclusiones sobre el proyecto, debido a que no cuenta con el certificado de la Dirección General de Administración Urbana y el dictamen de impacto urbano. Por tal motivo, no se ha podido comparar con la información que entregó Galerías Insurgentes-Liverpool.
Asimismo, Francisco Canales, director de Desarrollo Urbano en DBJ, estableció que como resultado del reciente cambio de administración en la Delegación, “hubo retrasos en la entrega del expediente del caso”. Ello, a pesar de que en reuniones anteriores Rene Aridjis, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, se comprometió a que el tema sería “abordado inmediatamente”.
Por su parte, Edgar Romo, JUD de revisión del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISCDF), solicitó un plazo de un mes para entregar la evaluación y conclusiones con base en la información que se entregó al Instituto el pasado 23 de octubre del presente.
La empresa sólo ofrece sostener “mejoras” al proyecto inicial. Felipe Ávila, representante del equipo de jurídico del grupo Galerías Insurgentes-Liverpool, apuntó que en cuanto se cuente con la resolución por parte de las autoridades y sean avaladas dichas modificaciones, presentarán la respuesta oficial al pliego petitorio emitido por el grupo vecinal de Actipan.
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