Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, advirtió que la administración Trump perseguirá no sólo a los cárteles mexicanos, sino también a los funcionarios que los protejan.
La declaración elevó la tensión con México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder al fondo del señalamiento y reiteró su defensa de la soberanía nacional.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
La ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico dio este fin de semana un paso más allá de los cárteles. Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, dejó claro que Washington también tiene en la mira a funcionarios mexicanos que presuntamente colaboren con organizaciones criminales.
Durante una entrevista concedida a Fox News, la funcionaria sostuvo que el gobierno de Donald Trump está decidido a desmantelar no sólo a las organizaciones criminales, sino también las estructuras políticas, financieras y de protección institucional que les permiten operar.
“Tenemos que ser igual de duros con ellos”, afirmó Carter al referirse a funcionarios y actores políticos que facilitan las actividades del narcotráfico.
La llamada “zar antidrogas” de la administración Trump aseguró que las autoridades estadounidenses están trabajando para identificar a quienes desde posiciones de poder han protegido a organizaciones criminales. Según explicó, la estrategia ya no se limita a perseguir cargamentos de droga o detener líderes criminales, sino a desmontar todo el entramado de corrupción que sostiene a los cárteles.
Carter afirmó que existen funcionarios que se han “vendido a los cárteles” y que forman parte de las redes de apoyo que permiten a estas organizaciones mantener influencia política, control territorial y capacidad operativa.
La funcionaria sostuvo que los cárteles mexicanos han evolucionado hasta convertirse en estructuras transnacionales con enormes recursos económicos y una creciente capacidad de infiltración institucional. Por ello, insistió, combatir únicamente a los líderes criminales resulta insuficiente.
“No se puede derrotar a los cárteles si no se combate también a quienes los protegen”, fue el mensaje central de su intervención.
Carter señaló además que la crisis del fentanilo representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Recordó que decenas de miles de estadounidenses mueren cada año por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos y responsabilizó a las organizaciones criminales mexicanas de desempeñar un papel fundamental en la producción y distribución de estas sustancias.
Pese al tono de advertencia, la funcionaria reconoció que existe actualmente una cooperación sin precedentes con el gobierno mexicano. Destacó operativos realizados por fuerzas de seguridad mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense y aseguró que en los últimos meses se han obtenido resultados que, según sus palabras, “nunca habíamos visto”.
Sin embargo, el reconocimiento estuvo acompañado por una de las advertencias más severas emitidas hasta ahora por un integrante de la administración Trump.
Las declaraciones cobran especial relevancia porque se producen semanas después de que autoridades estadounidenses señalaran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Mientras Washington mantiene abiertas sus investigaciones, el gobierno mexicano ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para respaldarlos.
El caso ha convertido a Rocha Moya en uno de los puntos más delicados de la relación bilateral. Para Washington, representa un ejemplo de la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno. Para la administración de Claudia Sheinbaum, en cambio, las acusaciones carecen hasta ahora de elementos públicos suficientes para justificar una acción oficial.
Cuestionada este lunes sobre las declaraciones de Carter durante su conferencia matutina, la presidenta evitó responder directamente al señalamiento.
“No quiero entrar en discusión con ella”, declaró.
En lugar de abordar la advertencia sobre posibles funcionarios mexicanos vinculados con los cárteles, Sheinbaum insistió en que la cooperación con Estados Unidos continuará bajo principios de respeto mutuo, coordinación y defensa de la soberanía nacional.
La mandataria reiteró que México trabaja de manera conjunta con Washington para combatir el tráfico de drogas, pero rechazó cualquier intento de subordinación o intervención extranjera.
La respuesta dejó sin contestar el tema central planteado por Carter: si el gobierno mexicano está dispuesto a investigar y actuar contra funcionarios señalados por agencias estadounidenses de mantener vínculos con organizaciones criminales.
Las declaraciones de la funcionaria estadounidense llegan en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral en materia de seguridad de las últimas décadas. Nunca antes un alto cargo de la Casa Blanca había expresado de manera tan abierta la intención de perseguir no sólo a los jefes de los cárteles, sino también a los políticos que eventualmente pudieran servirles de protección.
La advertencia ocurre además en un contexto de creciente desconfianza entre ambos países. Mientras Washington sostiene que la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales constituye un problema que debe enfrentarse sin contemplaciones, la administración mexicana insiste en que cualquier cooperación debe respetar plenamente la soberanía nacional.
El riesgo no es menor. Si Estados Unidos decide respaldar sus advertencias con nuevas acusaciones, sanciones financieras, cancelaciones de visas o procesos judiciales contra funcionarios mexicanos de alto nivel, la relación entre ambos gobiernos podría entrar en una etapa inédita de confrontación política y diplomática.
Por ahora, el mensaje de la Casa Blanca es claro: la mira ya no está puesta únicamente en los capos. También apunta a quienes, desde el poder político, puedan estar ayudándolos a operar.
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