Los legisladores ignoraron la exigencia de damnificados que se niegan a que la reconstrucción se realice a partir de préstamos privados, lo que los endeudará, así como las múltiples voces de la sociedad civil que se han manifestado contra el desarrollo inmobiliario ilegal y sin control, que justamente dejó ver sus consecuencias en el terremoto.
Los legisladores panistas ni siquiera consideraron la propuesta de su correligionaria Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa, para que se considere este aumento de pisos predio por predio, a través del análisis de los terrenos y su uso y mecánica de suelo, de tal forma que fue eliminada del dictamen final, aprobado por 35 votos a favor y 17 en contra, de los diputados de Morena y del perredista Víctor Hugo Romo.
Morena, por cierto, advirtió previamente que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para impugnar la decisión, y ha sostenido que la reconstrucción debe realizarse con dineros públicos, sin endeudar a las víctimas.
La nueva ley permite aumentar hasta 35 por ciento el tamaño de las construcciones colapsadas, independientemente del lugar donde se encuentren. En el caso de Benito Juárez (en que se han dado cientos de denuncias por abusos de desarrolladores), expertos de la UNAM han advertido que no se deben construir edificios altos porque “rompen” a los chicos en caso de movimientos telúricos.
En cambio la normativa, aunque prevé la participación de los afectados, no precisa en qué forma se realizará. Solo se limita a considerar que en cada caso se podrán construir más pisos con el simple hecho de que estén de acuerdo más de la mitad de los propietarios.
Los diputados arguyen que ese excedente servirá para compensar parcialmente el gasto que implicará para las víctimas –y no para el sector público– la reconstrucción; pero al mismo tiempo omiten los riesgos y el negocio millonario que puede significar para los desarrolladores
(Foto: Cuartoscuro)
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