El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal, certificó con su firma la credencial usada por el director responsable de una obra que se ha valido de la figura de derechos adquiridos para construir un edificio de seis niveles en la colonia Merced Gómez de la delegación Benito Juárez, en lugar de los tres pisos que la ley permite como máximo.
El propio Leal denunció en días pasados que en al menos cuatro delegaciones, entre ellas Benito Juárez, ha sido común la adquisición de esos “derechos adquiridos” a través de documentos falsos. Sin embargo, apenas en marzo pasado el funcionario estampó su firma en la credencial que acredita a Ramón López Guazo Farah, un director de obra a quien coordinadores de Comités Ciudadanos de la demarcación acusan de ‘brincar’ el uso de suelo permitido.
López Guazo utilizó su credencial –con sello de la Dirección General de Administración Urbana de la Seduvi— en la manifestación de obra que presentó en la delegación Benito Juárez para justificar, a través de la inclusión de un certificado de derechos adquiridos, la construcción de 40 viviendas en lugar de las 20 permitidas. Libre en el Sur tiene copia del documento completo, que consta de 28 páginas (FBJ-0462-10).
La obra en cuestión está ubicada en la calle Tiburcio Sánchez de la Barquera número 116, colonia Merced Gómez. Actualmente ya se construye el cuarto nivel y, de acuerdo con testimonios de los vecinos “tienen una prisa evidente por terminar”. En la manifestación de la obra se asegura que ahí existía un edificio de las mismas proporciones que el que se construye, pero una imagen en Google Maps –proporcionada por Héctor Rojas, dirigente de la asociación Vecinos del Parque Hundido— demuestra que eso es falso, pues aparece en el lugar una vieja casona, marcada claramente con el número 116 (ver fotografía).
Tanto Omar Alejandre, coordinador interno del comité ciudadano de la colonia Merced Gómez como Rojas, también coordinador interno pero del comité ciudadano de la colonia Extremadura Insurgentes, ya presentaron denuncias en la PAOT y anunciaron que en los siguientes días lo harán en la Delegación Benito Juárez, SEDUVI y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, pues consideran que la obra “debe ser clausurada inmediatamente por las distintas ilegalidades que comete en perjuicio de la ciudadanía”.
Los líderes vecinales explicaron que “la consecuencia legal por cometer este delito es que la autoridad inicie la demolición del inmueble con cargo al constructor, en apego al artículo 70 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal vigente que dice: ‘El Departamento estará facultado para ordenar la demolición parcial o total de una obra con cargo al propietario o poseedor, que se haya realizado sin licencia, por haberse ejecutado en contravención a este Reglamento, independientemente de las sanciones que procedan’.
“Las reglas se hacen por varias razones –añaden Rojas y Alejandre–. Una de ellas es para proteger la seguridad de los habitantes y el abasto continuo de agua, luz, drenaje y vialidades para desplazarnos y estacionar nuestros vehículos. No podemos permitir que estos delincuentes sigan causando tantos problemas a los vecinos de los desarrollos ilegales”.
comentarios