Anuncian estrategia jurídica para evitar que el partido oficial alcance ilegalmente mayoría calificada.
Las seis principales asociaciones que agrupan a actuarios, secretarios, jueces y magistrados del PJ acusan que los foros de discusión sobre la reforma judicial son una estrategia para dilatar las protestas del personal jurisdiccional.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
Jueces y magistrados de todo el país anunciaron una estrategia jurídica para evitar la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión que les facilitaría imponer la reforma judicial prepuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Magistrado Mauricio Barajas, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, explicó, durante un acto de protesta frente al Palacio de justicia de San Lázaro, explicó:
“La primera (línea de defensa), para acudir a órganos internacionales de protección de los derechos humanos e impugnar la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión, como es el Judicial”, dijo.
Dijo que también se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión.
Al término de la protesta, a la que asistieron más de 200 integrantes del PJF, las seis principales asociaciones que agrupan a actuarios, secretarios, jueces y magistrados del Poder Judicial emitieron un pronunciamiento en el que acusan que los foros de discusión sobre la reforma judicial son una estrategia para dilatar las protestas del personal jurisdiccional.
Convocados por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), y portando pancartas, jueces, magistrados federales y empleados del Poder Judicial expresaron su rechazo a la elección por voto popular de los juzgadores del porque, afirmaron, no necesitan las urnas para juzgar.
“No somos políticos y rechazamos cualquier invitación de compartir el poder político. Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos. No usamos urnas para juzgar o perseguir”, advirtieron.
“No usamos vallas ni grupos antimotines. Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo de la Constitución y la ley. Con sentencias protegemos los derechos humanos del pueblo de México. Es nuestro poder: interpretar leyes, condenar a delincuentes cuando existe el debido proceso y pruebas. No defendemos ideologías ni propias ni ajenas”.
Asimismo, sostuvieron que los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación son una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar la protesta de todos los integrantes del Poder Judicial”, sostuvieron.
En una declaración conjunta, afirmaron también que este sexenio fueron víctimas de un discurso de odio con el que fueron señalados falsamente de ser delincuentes y corruptos parte de la élite.
“Es falsos que representemos élites o ideas conservadoras; la gran mayoría de personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas”, precisaron.
Además, reiteraron su rechazo a la iniciativa de que jueces y magistrados sean elegidos por votación popular. Al respecto sentenciaron que “es falso que sea la mejor manera de solucionar los problemas en México”.
En Veracruz, legisladores y representantes del Poder Judicial vivieron el foro de mayor tensión sobre la reforma judicial, luego de que jueces y especialistas calificaron al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial como un órgano inquisidor.
La propuesta de sancionar a juzgadores por sentencias que no tomen en cuenta el bien común y que no sean “objetivas”, así como la inacatabilidad de resoluciones del Tribunal, fueron vistas como violatorias de los derechos humanos y fuera de convenciones internacionales.
La Magistrada Nadia Villanueva reclamó que se llame corruptos a todos los integrantes del Poder Judicial, como el fundamento para crear un nuevo tribunal.
“Ha sido de dominio público, como también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos, no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo”, recriminó.
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