El actual régimen y la forma en que aborda los asuntos públicos caducó. Para nadie es un secreto que a nivel internacional ocupamos deshonrosos puestos en diversos rubros que indican el grado de sociabilidad y democracia que tiene una sociedad. Como ejemplo de lo anterior encontramos que en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, del año 2000 a la fecha fueron asesinados 111 periodistas.
Se trata de aspectos vitales que involucran el ejercicio de derechos, y de los cuales durante los recientes días dos relatores de la ONU y la CIDH (David Kaye y Edison Lanza, respectivamente) dieron testimonio del alto grado de deterioro que guardan en nuestro país. Asimismo conocieron detalles acerca de los entornos de violencia y la desaparición de 26 reporteros durante los recientes 13 años.
Otro rubro que marca el deterioro alcanzado al día de hoy es el dato difundido por la Procuraduría General de República, concretamente la Subprocuraduría de Derechos Humanos de dicha dependencia, según el cual en México hay casi 300 mil jóvenes sin oportunidades de empleo ni estudio en riesgo de participar en actividades criminales. Incluso dicen conocer el monto del ofrecimiento económico por tomar parte en las filas delincuenciales. La aceptación manifiesta del fracaso institucional.
Hoy, quizá como nunca antes en la historia del país, los ciudadanos enfrentaremos una disyuntiva en forma de elecciones: intentar cambiar o mantenernos como al día de hoy. Y no me refiero a partidos. Me refiero a las formas que tomó la política, donde el autoritarismo impregna las prácticas, la corrupción es condición aceptada, las disposiciones se dan de manera vertical, la impunidad imprime confianza para cometer delitos y se relega a los protagonistas de cualquier tipo de política pública: los ciudadanos.
Por la naturaleza de nuestras acciones, quienes intentamos mejorar paulatinamente las condiciones en que se desenvuelven las contradicciones propias de la colectividad, no podemos sustraernos de los tiempos que indica la democracia liberal representativa y sus instituciones. Pero también es menester señalar que cientos de miles de ciudadanos llevamos muchos años propugnando por ganar en capacidad de decisión, por incidir significativamente en la elaboración de políticas públicas.
Algunos tenemos la fortuna de participar de determinadas instancias, pero la realidad indica que resulta tenue esfuerzo el colocar a un ciudadano en las estructuras políticas tradicionales. La coyuntura que la urgencia de índole, económico, social, político y cultural plantea a la nación demanda que las decisiones se discutan, procesen y surjan cada vez más de espacios ciudadanos. Es decir, llevar la política a los espacios de la ciudadanía.
Se trata de impulsar, propiciar y poner en marcha una nueva manera de concebir la política, donde los colectivos ganen peso, presencia y, en consecuencia, la dirección en la toma de decisiones sea diferente a la hasta el día de hoy observada. Es preciso cambiar la realidad como paradoja que vivimos, pues disponemos de mayor número de herramientas como derechos, leyes, normas, tratados internacionales en diversas materias (como libertad de expresión) pero desafortunadamente un buen número de mexicanos no cuenta con las capacidades para ejercerlos. Es preciso cambiar la historia.
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