Con el fin de evitar el despojo patrimonial por parte de los familiares de los Adultos Mayores, presenté una iniciativa para reformar diversos capítulos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, con la que se impondrían hasta diez años de prisión a quienes comentan despojo de sus inmuebles urbanos, y de uno a ocho años a los autores intelectuales.
En mi propuesta se contempla que nuestros abuelos cuenten con asesoría jurídica gratuita y con un representante legal cuando se considere necesario, así como poner especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar.
Hay que recordar que tan sólo el Instituto de Atención de Adultos Mayores del Distrito Federal ha alertado de distintos tipos de violencia que se ejercen en contra de ancianos en la ciudad de México, en donde el principal abuso es el intento de despojo de sus bienes y recursos económicos, usar sus pertenencias o la tarjeta de pensión alimenticia que entrega el gobierno de la ciudad, sin su consentimiento.
Sabemos de casos en los que los adultos mayores son presionados para modificar sus testamentos, falsificar firmas en documentos oficiales, y hasta dejar de brindarles alimentos o ropa, abandonarlos o encerrarlos para evitar contacto con otras personas, entre muchos casos más.
En la Asamblea Legislativa hemos trabajado en iniciativas, muchas de ellas ya son leyes, que velan por la integridad de todos los capitalinos, en este caso mi propuesta plantea la nulidad de todos los actos derivados del despojo de los bienes de las personas adultas mayores, tanto muebles como inmuebles, además de contener otras disposiciones, con el objeto de desalentar y erradicar esos abusos y actos crueles en su contra.
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