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CDHCM acompaña a víctimas de explosión en Iztapalapa, pero la falta de seguro deja en incertidumbre a las familias

STAFF / LIBRE EN EL SUR

Personal de la Comisión fue desplegado en hospitales

ASEA confirma que la empresa no contaba con póliza de cobertura.


STAFF / LIBRE EN EL SUR

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que personal del organismo se encuentra desplegado en distintos puntos de la capital para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familiares tras la volcadura y explosión de una pipa de gas LP ocurrida este miércoles en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, uno de los siniestros más graves registrados en los últimos años en la ciudad.

Según el comunicado oficial, 13 personas servidoras públicas de la CDHCM atienden la emergencia: una permanece en el lugar de los hechos y 12 más en los hospitales a los que fueron trasladadas las y los lesionados. Entre ellos destacan el Hospital General Dr. Rubén Leñero, el IMSS General de Zona No. 53, el ISSSTE Regional Ignacio Zaragoza, el ISSSTE General José María Morelos y Pavón, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital General Iztapalapa Dr. Juan Ramón de la Fuente, la Clínica Hospital Emiliano Zapata, la Unidad de Salud IMSS-BIENESTAR Los Reyes y el Hospital General Balbuena.

El acompañamiento consiste en transmitir información a las familias que buscan a sus seres queridos y dar seguimiento al estado de salud de los pacientes. La Comisión también confirmó que la cercanía del siniestro con tres centros penitenciarios de la capital no provocó afectaciones: ni la emisión de gases ni la onda expansiva pusieron en riesgo a las personas privadas de la libertad.

Víctimas sin respaldo económico

Más allá de la atención inmediata, el panorama de las víctimas es incierto. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que la pipa accidentada y la empresa operadora no contaban con seguro. Esta omisión implica que, de momento, no existe una fuente de financiamiento garantizada para cubrir los gastos médicos de las personas lesionadas ni para ofrecer indemnización a los familiares de quienes perdieron la vida.

Especialistas en protección civil advierten que este vacío deja a las familias en una situación de desamparo, ya que los costos hospitalarios, las cirugías reconstructivas y las largas rehabilitaciones por quemaduras severas difícilmente podrán ser absorbidos por las instituciones públicas sin un proceso legal de por medio. Al no haber póliza, la ruta para obtener compensaciones dependerá de juicios civiles y penales que suelen prolongarse por años.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la falta de regulación estricta sobre el transporte y distribución de gas LP en la capital. Aunque la ley obliga a que las empresas cuenten con pólizas de responsabilidad civil y cobertura de daños, en la práctica muchas pipas circulan sin seguro ni verificaciones actualizadas. Esta irregularidad, tolerada por autoridades locales y federales, coloca a la población en una vulnerabilidad constante.

En 2015, un siniestro similar en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa expuso la misma problemática: la empresa Gas Express Nieto enfrentó múltiples demandas tras la explosión que dejó varias personas fallecidas y decenas de heridos, pero los procesos legales se extendieron por años y la reparación del daño resultó parcial e insuficiente.

Información para familiares

La CDHCM recordó que el Gobierno capitalino habilitó el número telefónico 55-5683-2222 para brindar información a quienes buscan a familiares en hospitales o en el sitio del accidente. La Comisión aseguró que continuará con el acompañamiento “para garantizar a las víctimas y sus familias la atención bajo el más alto estándar de derechos humanos”.

Sin embargo, más allá de los comunicados oficiales, el drama real se concentra en las familias que hoy velan por la vida de sus seres queridos y que no saben quién cubrirá los gastos que se acumulan día tras día.

La explosión del Puente de la Concordia no solo deja una estela de dolor y pérdidas humanas, también exhibe un sistema de distribución de gas plagado de irregularidades y la omisión de autoridades que han permitido la circulación de pipas sin seguro, en plena ciudad y con consecuencias fatales.

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