Critican campaña de Coca-Cola… pero en Presidencia la consumen
El Poder del Consumidor cuestiona publicidad del Mundial por incumplir criterios sanitarios.
Claudia Sheinbaum presume inversión millonaria del refresco al que López-Gatell consideraba “veneno embotellado”.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
La organización El Poder del Consumidor solicitó a las autoridades sanitarias retirar una campaña de Coca-Cola vinculada al Mundial de futbol organizado por la FIFA, al considerar que la publicidad incumple la regulación mexicana sobre etiquetado y promoción de productos con sellos de advertencia.
Desde la reforma a la Norma Oficial Mexicana NOM-051, los productos con exceso de azúcares deben exhibir sellos frontales visibles. La organización sostiene que asociar el refresco con valores como celebración, unión y deporte, en un país con alta prevalencia de obesidad y diabetes, contradice el espíritu de la política sanitaria.
La crítica se inscribe en una estrategia pública que busca reducir el consumo de bebidas azucaradas mediante impuestos especiales, etiquetado frontal y campañas de prevención. La propia Claudia Sheinbaum ha reiterado que el objetivo de estos gravámenes no es recaudatorio, sino sanitario, pues pretende disminuir la ingesta de azúcar para enfrentar la creciente carga de enfermedades crónicas.
Sin embargo, un reporte publicado en febrero de 2026 por el portal Emeequis reveló que la Oficina de la Presidencia de la República formalizó el 18 de agosto de 2025 la adquisición de 1,000 latas de refresco de 355 mililitros por un monto de 15 mil 750 pesos más IVA. De acuerdo con esa información, el contrato se firmó un día antes de que se presentara en Palacio Nacional una campaña gubernamental contra el consumo de bebidas azucaradas.
Según el propio reporte de Emeequis, la compra formó parte de procedimientos administrativos ordinarios de adquisición pública y fue cargada a partidas destinadas a alimentos y bebidas para eventos oficiales. El dato no constituye una irregularidad administrativa, pero sí expone una tensión política evidente entre el discurso sanitario del Ejecutivo y las prácticas de consumo dentro de la institución que encabeza esa política.
El contraste se acentuó este 26 de febrero, cuando la propia Claudia Sheinbaum anunció públicamente una inversión de aproximadamente 6 mil millones de dólares por parte de The Coca-Cola Company en México, tras reunirse en Palacio Nacional con Henrique Braun, director ejecutivo global de la compañía. El anuncio fue difundido por la mandataria a través de sus redes sociales y replicado por diversos medios nacionales.
La presidenta enmarcó la inversión dentro del modelo económico que promueve su administración, orientado al “desarrollo con bienestar”. Hasta el momento no se han detallado públicamente los sectores específicos ni el calendario en que se aplicará el capital anunciado.
La inversión forma parte de un impulso más amplio de Coca-Cola en América Latina. En el mismo contexto informativo también se mencionó la confirmación de la llegada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a México, con una primera escala en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y actividades en Guadalajara como ciudad sede.
Este escenario revive además las posturas del sexenio anterior. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llegó a calificar a la Coca-Cola como “veneno embotellado” y sostuvo que la obesidad asociada al consumo de bebidas azucaradas fue un factor que incrementó la letalidad por COVID-19 en México. Bajo esa narrativa, el refresco no era sólo un producto comercial, sino un problema estructural de salud pública vinculado a miles de muertes durante la pandemia.
Hoy, López-Gatell funge como representante del gobierno de Claudia Sheinbaum ante la Organización Mundial de la Salud. Su permanencia en la estructura internacional de salud pública, con un salario superior al de la propia presidenta según reportes oficiales, añade un componente político al contraste: quien promovió una narrativa frontal contra la industria refresquera ahora representa al Estado mexicano en el principal organismo sanitario global, mientras en Palacio Nacional se anuncian inversiones multimillonarias de esa misma empresa.
La distancia entre aquel discurso y las imágenes actuales de inversión celebrada en Palacio Nacional profundiza la percepción de incoherencia. No se trata únicamente de una compra de latas para eventos oficiales, sino de la convivencia política entre una estrategia que buscó responsabilizar a la industria por la crisis metabólica del país y una relación institucional que hoy se presenta como alianza económica.
A este escenario se suma el comportamiento de los indicadores de salud. De acuerdo con las más recientes mediciones de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la prevalencia de diabetes en México no ha mostrado una reducción sostenida desde la implementación del impuesto a bebidas azucaradas y mantiene una tendencia creciente.
Ello no implica necesariamente que el gravamen carezca de efecto en el consumo, ya que distintos estudios han documentado reducciones marginales en compras. Sin embargo, sí sugiere que la epidemia responde a factores estructurales más amplios que una sola medida fiscal.
La controversia, por tanto, no se limita a una campaña publicitaria vinculada al Mundial ni a una compra específica. Se inscribe ahora en un contexto mayor donde política sanitaria, inversión extranjera y narrativa económica convergen en el mismo escenario: Palacio Nacional.
Cuando el Estado promueve la reducción del consumo de refrescos por razones sanitarias, pero simultáneamente celebra inversiones multimillonarias de la principal empresa del sector y mantiene ese mismo consumo en su operación cotidiana, la contradicción deja de ser técnica.
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