‘Este relato pudo haberse publicado en los primeros años de vida republicana en México’
En Ciudad de México, el retiro de la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma ha causado un enorme revuelo. Se ha argumentado que las autoridades buscan “borrar” parte de nuestra historia. También que se debe respetar el espacio público, pues forma parte de la memoria. Ambos asertos son verdaderos, pero conviene matizarlos.
POR ALFREDO ÁVILA*
Hace meses, el gobierno ordenó la remoción de una estatua que celebraba el colonialismo. Antes de quitarla, la cubrió con una manta de color azul. El ambiente era propicio para hacerlo. En distintos puntos de la república ha habido manifestaciones en contra de la herencia española en México. Algunas han terminado en enfrentamientos con las fuerzas del orden. La mayoría de los gobiernos estatales y el federal están de acuerdo con ese tipo de retórica antiespañola, pero no van a permitir que la violencia se extienda, así que ha habido represión. Esas manifestaciones, además, pueden responder a grupos que no simpatizan con los diferentes niveles de gobierno.
No faltó quien viera en la retirada de esa estatua un empeño de negar la historia del país, ni quien argumentó (desde el gobierno, por supuesto) que en realidad se buscaba protegerla de la violencia popular, algo que, por cierto, ha sido premonitorio, pues en las manifestaciones populares que ha vivido la capital del país en los últimos tiempos se han dañado edificios y monumentos.
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La estatua en cuestión había sido promovida por las autoridades de otro siglo, con patrocinio de algunas de las familias más acaudaladas de aquella época; personas beneficiarias y herederas del colonialismo. No resulta extraño, por lo tanto, que un gobierno que promueve una ruptura con periodos anteriores quite estatuas y cambie los nombres de calles, ciudades y provincias. Ya se están proyectando nuevas estatuas y nuevos nombres.
Este proceso no se ha dado solo en la ciudad de México. En las capitales de los estados se han visto cosas parecidas. Tampoco es exclusivo de este país. En Estados Unidos, en América Central y del Sur y en Europa, por lo menos, se han visto cosas semejantes.
Los gobiernos suelen cambiar el paisaje urbano, a veces, como pasó en Estados Unidos, con el respaldo de grupos sociales que hasta hace poco tiempo se hallaban sometidos; en ocasiones sin más apoyo que el del poder del Estado.
El relato que he hecho hasta aquí bien se pudo haber publicado en algún periódico capitalino de los primeros años de vida republicana de México. En 1823, en medio de rebeliones rurales y manifestaciones urbanas que exigían la salida de los españoles del país, el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, Lucas Alamán, decidió ocultar la estatua ecuestre de Carlos IV que se hallaba en la plaza de la Constitución. La cubrió con una manta y luego la llevó al patio de la Universidad, en donde la dejó. Temía que fuera destruida, algo que en efecto pudo ocurrir poco después, cuando la multitud pretendió quemar los restos de Hernán Cortés, que Alamán rescató y ocultó.
Ya antes, por decreto del Congreso, se habían quitado símbolos reales de varios edificios. El cambio de nomenclatura sería algo común. El Puente Real en el camino a Veracruz se llamó Puente Nacional. La ciudad de Valladolid adoptó el nombre de Morelia, en honor de su distinguido hijo. Nueva Galicia recuperó un nombre indígena: Xalisco.
En 1825, en Puebla, por orden del ayuntamiento y del gobierno del estado, se quitó la estatua de Carlos III que se hallaba sobre un obelisco. Tiempo después, sería derribado. Y qué decir de lo ocurrido en otros países, empezando por el derribo de la estatua de Jorge III en Manhatan, en 1776.
Ya en el siglo XXI, las polémicas en torno a los monumentos, calles y otras referencias sobre el pasado en los espacios públicos siguen siendo motivo de discusión. En la ciudad de México, el retiro de la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma ha causado un enorme revuelo. Se ha argumentado que las autoridades buscan “modificar” o “borrar” parte de nuestra historia. También se ha dicho que se debe respetar el espacio público, pues forma parte de la memoria.
Ambos asertos son verdaderos, pero conviene matizarlos. En el primer caso, lo que el Estado modifica es el relato sobre el pasado (que solemos llamar historia) que promueve. Eso, como he dicho, es algo que todos los Estados en el mundo han hecho. Para no salir del Paseo de la Reforma, baste recordar cuando las estatuas de los “Indios Verdes” fueron retiradas de allí al comenzar el siglo XX. Respecto a la memoria urbana, conviene señalar su historicidad. La memoria no es estática. Ya nadie sabe el nombre antiguo de la Avenida Madero, aunque algunas personas aún llaman San Juan de Letrán a una sección del Eje Central Lázaro Cárdenas.
Estos procesos de reconfiguración de los espacios públicos y de los propios relatos sobre el pasado (los oficiales, los de la memoria) son también objeto de estudio de quienes nos dedicamos a la investigación histórica. Al resaltar su historicidad, ponderamos las permanencias –como el quitar y poner estatuas en otras épocas–, pero también los cambios. La actual administración capitalina no hizo nada novedoso al retirar un monumento y planear la erección de otro. Lo nuevo, lo que sí construye historia y no solo la narrativa sobre ella, es lo ocurrido el 25 de septiembre de 2021, cuando una colectiva decidió montar en el zócalo que antes ocupó Colón la silueta de una mujer, una antimonumenta.
No es novedoso que el estado busque afianzar un relato sobre el pasado, lo que me parece atractivo de este momento es que hay otros grupos (colectivas, comunidades indígenas, asociaciones de víctimas del Estado, etcétera) que vienen a mostrar sus propios relatos, sus propias historias. Como historiador tengo el deber de analizarlos también, de dar cuenta de su retórica y de sus olvidos. Como historiador y como ciudadano me congratulo por ello.
*Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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