(Por Francisco Ortiz Pardo y Francisco Ortiz Pinchetti)- El proyecto de Constitución para la Ciudad de México que presentará Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente, que sesionará a partir del 15 de junio, considera la participación de la ciudadanía como parte toral de la planeación urbana en la capital y busca poner límites al desarrollo inmobiliario y proteger el medio ambiente.
Entre los temas relevantes destacan las compensaciones a daños ambientales en la misma zona donde se realizaron, y obliga a proveer la equidad en el acceso y disfrute de los espacios públicos, así como la adecuada proporción y proximidad de las áreas verdes.
El documento, cuya copia obra en poder de Libre en el Sur, reconoce como un principio la “alta prioridad de la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, para la integración social, usos comunitarios y para la movilidad, como elementos fundamentales para el derecho de una vida sana, la convivencia, la recreación, servicios y seguridad ciudadana”.
En la elaboración del proyecto –que hace énfasis en la preminencia del interés público frente al interés privado— participaron 30 notables, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, entre los que destacan Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Jusidman, Ifigenia Martínez, Miguel Concha Malo, Mauricio Merina Huerta, Loretta Ortiz Ahlf, Alejandro Encinas, Miguel Barbosa, Marta Lamas y Enrique Ortiz Flores. El documento será dado a conocer de manera oficial en estos días.
“La participación social es transversal a toda la gestión pública, como un principio que debe concretarse cotidianamente; se apoyará en políticas de construcción de ciudadanía, de educación cívica y de compromiso con la ciudad”, se asienta entre los “principios de ordenamiento territorial”.
Y es preciso con respecto a la defensa del medio ambiente, crucial tras la sistemática depredación que ha sufrido la Ciudad de México en los últimos años: “Se reconoce la necesidad de una relación armónica entre la naturaleza, la sociedad y los espacios construidos”, pone. “Los poderes públicos garantizarán el uso y disfrute equitativo e incluyente de los bienes y servicios que ofrece la ciudad, en corresponsabilidad con sus habitantes”.
Establece que la propiedad privada sea también benéfica para la comunidad. “La preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales” forman parte de “la función social de la propiedad”, así como “la distribución equitativa de las cargas y beneficios que genera el desarrollo urbano”.
En ese sentido, “deberán establecerse mecanismos compensatorios y resarcitorios de cargas y beneficios derivados de las normas urbanas mediante las cuales se asuman obligaciones de dar o hacer en áreas o predios dentro o fuera de la zona de influencia de un acto de aprovechamiento”.
En cuanto al “aprovechamiento y custodia del espacio público”, de aprobarse este proyecto como Constitución se ordenará “la adecuada proporción y proximidad de las áreas verdes en las distintas zonas, tomando como base los mejores estándares en la materia”. Y que “los espacios públicos originalmente destinados a la recreación y el deporte, áreas verdes, jardines o zonas de esparcimiento, deberán protegerse y, en su caso, compensarse en la misma zona”.
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