Enrique Provencio Durazo, candidato externo que encabeza junto con Katya D’Artigues la lista de aspirantes del PRD a la Asamblea Constituyente, toma un trago de café preparado en prensa francesa antes de apelmazar en una sola frase el sentido que deberá tener la próxima Constitución de la Ciudad de México: “Expresar una idea de futuro sustentable”.
Originario de Sonora, pero chilango arraigado desde hace años, Provencio sabe de lo que habla: Además de haber sido titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como de la Secretaría de Desarrollo Social capitalinas, ha formado parte más recientemente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, especializado en los temas de los derechos sociales y la sustentabilidad.
Platica que se sorprendió de que el PRD lo buscara para ser su candidato puntero, seguro diputado constituyente por tanto –aunque él con humildad dice “uno nunca sabe”–, pues ni es miembro de ese partido ni lo había buscado. Lo agradece, eso sí. “Me parece que hubo el ánimo expreso de que en la lista de los más probables candidatos estuviésemos especialistas de temas clave, asuntos críticos para la ciudad”, expone.
Aunque Provencio se asume dentro del espectro ideológico como de centro-izquierda (participó por ejemplo en el Partido Socialdemócrata), dice que lo que cuenta ahora es el trabajo colectivo para lograr una Constitución plural “y muy diversa”. Considera de entrada una ventaja que en la Asamblea Constituyente no habrá grupos parlamentarios de los partidos, sino que se trabajará en comisiones relativas a los diferentes temas.
“Será un lugar privilegiado”, comparte sentado entre los libros de su estudio. Extiende las manos mientras advierte que no se puede dejar pasar la oportunidad de hacer una Constitución que obedezca a la ciudad que se pretende para el futuro, y que además complete “la transición democrática inacabada”.
En ese sentido, el licenciado en Economía opina que la Constitución debe contener, de manera concreta y de fácil entendimiento, los derechos sociales y ambientales, pero también qué tipo de economía se va a desarrollar y la implementación de las innovaciones tecnológicas y de conocimiento. Advierte que esa ley suprema no podrá solucionar los problemas pero sí lograr que la gestión pública sea más eficaz.
En suma, sintetiza, se necesita “expresar una idea de futuro sustentable”, en el que no sólo estén asentados las obligaciones y los derechos, sino también los mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. “Necesitamos formular muy bien –explica—qué recursos va a tener la ciudadanía para acceder a esos derechos”.
Dado que el sistema de planeación en la ciudad en la ciudad “es muy malo”, añade, la nueva Constitución debe buscar establecer muy claramente las facultades de cada parte del gobierno, con efectiva rendición de cuentas y la evaluación obligatoria de las acciones, realizada por supuesto por órganos verdaderamente independientes.
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