(Mariana Malagón)- Ante la problemática que enfrenta la Ciudad de México en materia de construcciones al margen de la ley, la nueva constitución política deberá establecer un marco regulatorio que considere temas como el cambio de uso de suelo, las facultades de las alcaldías y la participación ciudadana, considera el diputado local por Benito Juárez, José Manuel Delgadillo.
En ese sentido, el panista opina que la capital está ante una gran oportunidad, ya que el Constituyente puede dotar a las alcaldías de facultades para que intervengan en esa materia. Y considera que los cambios de uso de suelo deberán semejarse al funcionamiento de los municipios, en donde son decisiones que toma el cabildo. “Los alcaldes con su órgano colegiado van a tener posibilidades de intervenir en las construcciones”, explica.
En entrevista, el legislador critica que al crearse el Instituto de Verificación Administrativa, se les restaron facultades a las delegaciones que ya no pueden verificar en esa materia. “Es un centro que ha propiciado la corrupción, es una carga tributaria y continúan las construcciones irregulares, taxis piratas y espectaculares ilegales. No ha servido para lo que se pensó”. Además recuerda que al haber eliminado la licencia de construcción que expedían las delegaciones, la responsabilidad recayó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entidad que emite el certificado de uso de suelo. Ello, dice, representa “un relajamiento” de lo que eran las disposiciones en materia de construcción”.
Delgadillo piensa que no se puede dejar pasar la oportunidad de que en la Constitución de la Ciudad de México se dote de facultades a las alcaldías para que intervengan, así como “regresar a la figura de la licencia de construcción y eliminar el Invea”. Propone que cuando una construcción modifique el entorno urbano de la zona se lleven a cabo consultas vecinales con efectos vinculantes, siempre que el 25% de los empadronados voten. “Es una forma de que el ciudadano participe, se informe y tome decisiones”.
Y también deben eliminarse las normas que regulan actualmente el desarrollo urbano, como la transferencia de potencialidad, la generación de polígonos de actuación y la Norma 26. “Hay que hacer una ley de vivienda y un plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México”, sintetiza.
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