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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró este miércoles inconstitucional la Ley General de Comunicación Social de 2018, conocida como “Ley Chayote”, por considerar que sigue otorgando al Gobierno “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión.
El máximo órgano amparó por unanimidad a la organización Artículo 19 contra esta ley, promulgada por el ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), por atentar contra la libertad de expresión al no contener criterios claros y objetivos sobre ejercicio de gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios.
Una vez que la Corte notifique oficialmente su sentencia, el Congreso de la Unión será emplazado por un juez de Distrito para subsanar las omisiones detectadas en esta ley, o incluso a derogarla y aprobar una nueva, pues la reforma de 2014 al Artículo 134 de la Constitución lo obliga a reglamentar esta materia.
El plazo para emitir la nueva legislación será el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar y que termina en diciembre.
“La previsión de un marco legal lo suficientemente claro y preciso que disminuya la arbitrariedad de los entes gubernamentales al momento de ejercer el gasto en comunicación social se torna indispensable para evitar, en la mayor medida posible, que una distribución arbitraria y discriminatoria de dicho gasto sea empleada como mecanismo de censura indirecta o como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”, afirma la sentencia redactada por el Ministro Juan Luis González Alcántara.
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