Pese a las quejas vecinales y de las evidencias, el director Jurídico y de Gobierno de la delegación Benito Juárez, Armando Ramírez, omitió detener y clausurar una obra ilegal, sin manifestación de construcción, en el mismo predio de Bretaña 90, en la colonia Zacahuitzo, donde un edificio de cinco pisos levantado sobre una casa colapsó el pasado 19 de septiembre y causó la muerte de una mujer de 19 años de edad.
La construcción irregular, ubicada en la parte posterior del predio –detrás del edificio colapsado— tiene seis niveles y fue construido también sobre una construcción ya existente, donde funcionaba una fábrica de bocinas para sonido.
María Catalina Castro, habitante de la casa de Irolo 102, colindante con el terreno mencionado, acusó que ella presentó como otros vecinos una queja en abril pasado ante la DBJ para solicitar la clausura de la obra, “pero nunca tuvimos una respuesta”. Ahora demandan la demolición del edificio de seis pisos que está visiblemente dañado.
El 5 de octubre pasado, la vecina solicitó a la DBJ una verificación estructural “urgente” de su casa, así como las medidas precautorias cuando se realicen las labores de retiro de los escombros de Bretaña 90, “debido a las condiciones tan precarias en que se encuentra mi propiedad derivado del sismo, mi familia y yo nos encontramos vulnerables ante un posible derrumbe”. Hasta ahora no ha recibido respuesta.
Tanto ese edificio como el que se derrumbó fueron construidos no solo de manera ilegal, sino con materiales de pésima calidad. Un albañil que trabajó durante varios meses como chalán en la construcción del edificio posterior, dijo que efectivamente se emplearon tabiques ligeros, huecos, y se colaron las losas con bloques de unicel, una técnica que ha sido prohibida en muchos países.
Desde el 2010, vecinos de la zona conocida como “la corbata” (una franja en los límites con Iztapalapa e Iztacalco que se encuentra al oriente de la Calzada de Tlalpan), de colonias como Albert, Del Carmen, Zacahuitzco y Portales Oriente, encabezados por el ingeniero Fernando Tagliabué, denunciaron ante el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Asamblea Legislativa y la propia DBJ, los excesos en las licencias de demolición y las manifestaciones de construcción para obras nuevas en BJ.
Asimismo, denunciaron obras que violaban el Rglamento de Construcciones y el uso de suelo en ubicaciones específicas como Irolo 122, Benito Juárez 119, Zacahuitzco 78 y Bretaña 31, todas en la colonia Zacahuitzco. Y en Suiza 35 y Fuentes Brotantes 46, en Portales Oriente.
Pero particularmente Fernando Tagliabué denunció la demolición que se hizo en Bretaña 80, esquina con Irolo, que debió ser manual y se usó en cambio maquinaria pesada, lo que provocó daños en inmuebles colindantes como los de Bretaña 90 y 92, ambos de su propiedad. De acuerdo con un expediente de la asociación civil Vive BJ, la Delegación respondió que verificaría pero nunca lo hizo. Por sus denuncias, Tagliabué recibió amenazas y enfermó, por lo que terminó vendiendo sus propiedades.
Una de ellas, la casa de tres pisos de Bretaña 90, que tenía medio siglo de antigüedad, fue adquirida por la empresa Dijon, S.A.P.I. de C.V., que le añadió tres pisos sin exhibir manifestación de construcción y sin que la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la DBJ lo impidiera, a pesar de que toda la zona es de uso habitacional para tres niveles como máximo y se trata de una calle secundaria.
El 19 de septiembre, tal como fue ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales, el edificio se vino abajo. Tres días después, rescatistas japoneses encontraron el cuerpo de una mujer de 19 años de edad, que luego se supo era trabajadora doméstica, con dos hijos, y que apenas llevaba una semana laborando allí.
Los rescatistas japoneses hicieron una reverencia, se quitaron los cascos, inclinaron la cabeza y mostraron respeto hacia los restos de la joven, en una imagen que dio la vuelta al mundo.
Ahora resulta que el edificio de seis pisos que “apareció” detrás del derrumbe también se levantó de manera ilegal sobre una vieja nave en el mismo predio, entre febrero y junio de este año, sin que el área de Armando Ramírez en la Delegación hiciera nada al respecto. Nada fue verificado. En cambio, sin recato alguno los propietarios ofrecían departamentos en rentas de entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales.
El Jefe Delegacional Christian von Roehrich presentó una demanda penal contra la empresa Dijon S.A.P.I de C.V., y advirtió que “tendrá que pagar e indemnizar a cada uno de los propietarios y afectados”. Argumentó que, tras investigaciones y dictámenes técnicos se determinó que tiene “responsabilidad plena al utilizar materiales de baja calidad, mentir y evadir a la autoridad”. También solicitó a la Contraloría Interna que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes
De acuerdo con la DBJ, entre los cargos imputables a la empresa se encuentra el de homicidio. “Por realizar trabajos de construcción sin manifestación y no contar con responsiva de un DRO y de corresponsables –anotó–, no se tiene la certeza de la calidad de los trabajos, situación por la cual se pudo destruir la construcción privando de la vida a personas (Culposo)”.
El sábado 7 pasado, el director general Jurídico Armando Ramírez fue increpado por un grupo de manifestantes en la explanada Soberanía de la República, frente a la sede delegacional de Benito Juárez, en el marco de una concentración de 500 vecinos que protestaban contra las obras irregulares en la demarcación. “¡Asesino!, ¡corrupto!”, espetaron repetidamente y muy exaltados, mientras el funcionario huía hacia el interior de las oficinas de la DBJ. Algunas versiones en redes sociales sostuvieron que se trató de un grupo de “acarreados”.
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