Producto de las diversas dinámicas sociales que permiten al ser humano cubrir necesidades básicas, como la alimentación, se generan asimetrías y prácticas que dañan en el corto, mediano y largo plazo, la calidad y expectativa de vida. Entre los retos que presenta la globalidad se encuentra el grado de obesidad que guardan las sociedades a nivel mundial. Una auténtica crisis en materia de salud pública.
Para situar en contexto la sentencia recordemos que en días recientes y en el marco del Foro Anual EAT de Alimentación se dio a conocer una investigación a cargo de la Universidad de Washington y publicada en la revista The New England Journal of Medicine. Grosso modo, el texto concluye que uno de cada tres habitantes del planeta tierra tiene un índice de masa corporal elevado, asimismo resalta que algunos países duplicaron el número de personas obesas en el periodo 1980-2015.
La Organización Mundial de la Salud define sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Además establece que “el índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2)” (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/).
Nuestro país presenta condiciones igualmente alarmantes. De acuerdo con la reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, el porcentaje de mexicanos entre los 12 y 18 años que consumen regularmente verduras no supera los 30 puntos; respecto a la ingesta de frutas no llega a los 40. El severo contraste lo encontramos al revisar los números de bebidas azucaradas no lácteas (89 por ciento) y botanas, dulces y postres (59.4 por ciento). Sin duda estamos ante el reto de propiciar que amplias franjas de la población ejerzan los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
Los déficit alimenticios impactan también a la economía, por ello es preciso enfatizar se trata de fenómenos donde los enfoques y modelos político-económicos que privan al interior de las naciones deben ser motivo de revisión.
Por ejemplo, de acuerdo con El costo de la doble carga de la malnutrición (Cepal, 2017), la ausencia de sana alimentación, además de afectar negativamente en la mortalidad, lo hace en el rendimiento académico, la inclusión social y laboral, así como en la productividad.
Es altamente recomendable planificar, realizar verdaderos ejercicios de prospectiva si es que deseamos evitar la siguiente estimación. Para el año 2078 el sobrepeso y la obesidad ocasionarán al país un gasto de 13 mil millones de dólares. El futuro es modificable, debemos trabajar para disminuir la incertidumbre de escenarios que asoman complejos, de nosotros depende que no se conviertan en catastróficos.
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