La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó este jueves el Punto de Acuerdo presentado por la diputada juarense Dinorah Pizano Osorio, a través del que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a dar solución al conflicto que prevalece en la unidad habitacional Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) y rindan un informe detallado tanto del consumo de electricidad, así como de los pagos efectuados por los vecinos y los supuestos adeudos.
Asimismo se exigió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a que cubran los adeudos generados en materia de energía a la unidad habitacional Centro Urbano Presidente Alemán. La diputada perredista, recordó que CUPA desde su creación en los años 40´s fue propiedad del ISSSTE y hasta la década de los 90 vendió los departamentos a sus inquilinos.
“La unidad habitacional está integrada por 11 condominios que hacen un total de mil 80 departamentos y 145 locales comerciales”, dijo la legisladora perredista por Benito Juárez. “Los vecinos de la unidad habitacional han realizado pagos a la Comisión Federal de Electricidad para cubrir un adeudo de 2 millones 627 mil 369 pesos por el concepto de áreas comunes; sin embargo, la Compañía Federal de Electricidad les notificó que tienen qué continuar con los pagos hasta diciembre de 2014”.
Informó que en el periodo comprendido del 5 de julio al 6 de septiembre de 2011 la CFE únicamente entregó recibos con el cobro del consumo de cada uno de los departamentos; después del periodo del 6 de septiembre al 7 de noviembre del mismo año el recibo incluyó el cobro del consumo normal y un cobro adicional por concepto de áreas comunes por 73.94 pesos. Mientras que del 7 de noviembre del 2011 al 6 de enero de 2012 el recibo incluye el cobro de consumo normal por departamento más dos cobros adicionales por consumo de la luz de áreas comunes, uno por 80.42 pesos y otro por 284.04 pesos y de esta manera sigan llegando hasta la fecha los recibos con dos cobros adicionales por áreas comunes.
Pasados tres meses, sostuvo Pizano Osorio, y al no tener respuesta los vecinos acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que intervino y canalizó la petición y queja a la PROFECO, sin embargo en esta dependencia federal no se aclararon preguntas y solo se autorizó la revisión del edificio A para determinar cómo se había realizado el cobro. A la fecha existe una administradora de áreas comunes cuya existencia es de facto, dado que no tiene responsabilidad ante terceros, aunque la CFE argumenta que el consentimiento para cobrar lo otorgó dicha persona que niega totalmente dicha afirmación, concluyó la diputada Pizano Osorio.
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