Vecinos agrupados en los colectivos Guardianes del Agua y Enlace Del Valle piden también reparación integral y condonación del pago de agua por 5 años.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
Un año después de que los vecinos de la alcaldía Benito Juárez comenzaran a denunciar el olor, el color y la textura anormal del agua que salía de sus llaves, este viernes se confirmó oficialmente lo que ya era un secreto a voces: el agua estaba contaminada con diésel.
La revelación, dada a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Miriam Urzúa, desató la indignación de los colectivos vecinales Guardianes del Agua y Enlace del Valle, que difundieron un pliego petitorio en el que exigen la renuncia inmediata de Urzúa —aún en funciones— y juicio penal contra Martí Batres, entonces jefe de Gobierno, a quienes acusan de actuar con desprecio criminal ante una crisis sanitaria sin precedentes.
Los vecinos también exigen una reparación integral de los daños, que incluye atención médica gratuita en hospitales de primer nivel, el establecimiento de filtros para todas las viviendas y negocios, y algo que consideran fundamental: la condonación del pago del agua por cinco años a partir de marzo de 2024, así como el reembolso de los gastos en salud, limpieza y compra de agua potable durante todo el periodo en que el suministro estuvo contaminado.
“El agua contaminada con diésel no es un tema que se deba tratar a la ligera”, se lee en el documento firmado por vecinos afectados. En él, acusan directamente a Miriam Urzúa de haber expuesto deliberadamente a la población al contaminante, de haber fingido que atendía la emergencia sanitaria y de haber minimizado los efectos del diésel, al asegurar que el agua era potable. “Nos dijo que éramos insignificantes y así nos trató, con desprecio a la vida y la salud. ¡Que renuncie!”, sentencian.
El pliego también señala como responsable al ex director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Rafael Carmona, de quien exigen investigación judicial por haber recomendado “lavar con jabón cisternas y tinacos”, a sabiendas —según los firmantes— de que el hidrocarburo detectado es tóxico y potencialmente cancerígeno. “Es un criminal. Nos puso en peligro sabiendo que arriesgaba salud y vida de miles de personas”.
Pero el centro del señalamiento más grave está dirigido a Martí Batres, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México. “Fue el responsable de las decisiones. Su actuación irresponsable ante una catástrofe sin precedentes fue omisa y criminal”, advierten. Los vecinos exigen que la Fiscalía capitalina y otras instancias abran investigaciones contra todos los funcionarios involucrados, y que enfrenten consecuencias legales y penales.
Además del clamor por las renuncias y las sanciones judiciales, el documento incluye un extenso listado de exigencias informativas, técnicas, sanitarias, ambientales y jurídicas, que los vecinos consideran indispensables para restituir, en lo posible, el daño infligido.
Exigencias puntuales:
- Transparencia total:
- Publicación de todos los estudios técnicos, incluidos los realizados el año pasado bajo parámetros de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), con detalle de contaminantes, metodología, laboratorios involucrados y afectación a mantos freáticos.
- Informe sobre el origen de la contaminación, y posibles responsabilidades de dependencias como Pemex, Sedena, Conagua, Profepa y Semarnat.
- Justificación legal de por qué no se declaró una emergencia sanitaria.
- Remediación urgente:
- Nuevos análisis con tecnología avanzada y verificación notarial.
- Explicación sobre el cierre del pozo Alfonso XIII, tratamiento del agua extraída y red hidráulica afectada.
- Filtros de agua obligatorios para casas, edificios, escuelas y negocios.
- Programa completo de limpieza y remediación de pozos, acuíferos y plantas potabilizadoras.
- Reparación de daños:
- Condonación del pago de agua por cinco años, reembolso de gastos en salud, limpieza y compra de agua embotellada.
- Atención médica gratuita, especializada y de primer nivel para habitantes y mascotas afectadas por exposición a diésel.
- Establecimiento de una mesa de atención vecinal permanente con participación de autoridades, expertos y ciudadanos.
- Justicia y garantías de no repetición:
- Análisis legal de las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
- Urgencia para que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emita una recomendación formal, tras su prolongado silencio.
- Información pública sobre las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía.
Los vecinos no ocultan su hartazgo. Señalan que desde marzo de 2024 denunciaron el problema sin ser escuchados, y que las autoridades buscaron encubrir a instituciones o responsables antes que actuar en beneficio de la población. “La salud y el medio ambiente no les interesó. Cumplir su deber tampoco”, sentencian.
El pliego representa no sólo una exigencia jurídica, sanitaria y ambiental, sino una denuncia ética sobre el desprecio institucional hacia una comunidad que, en palabras de los colectivos, fue tratada como “insignificante” por sus gobernantes. La magnitud del daño, aún no completamente dimensionada, obliga ahora —dicen los firmantes— a un acto de responsabilidad política: la salida inmediata de Urzúa, la investigación judicial contra Carmona y el juicio penal contra Batres.
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