Por María Luisa Rubio González
En términos generales, dice la página de Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder otorgado con fines de ganancia privada, y puede clasificarse como grande, pequeña y política, dependiendo de los montos involucrados y el sector donde ocurre.
En México nos hemos acostumbrado tanto a este mal social, que lo tenemos naturalizado. “Es cultural”, afirmó el presidente. “Es inevitable, y solo podemos aspirar a mantenerla en un nivel tolerable”, declaró el Contralor General de la Ciudad de México. “El que no transa no avanza”, es una de las máximas nacionales.
La realidad es que los efectos de este fenómeno son devastadores para las sociedades. “Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”, asienta Kofi Annan en el prefacio de la Convención de las Nacionales Unidas contra la Corrupción, firmada en 2004 por los países miembro.
A quien más afecta la corrupción, sin embargo, es a nosotros, los ciudadanos de a pié, los que estamos más indefensos ante los efectos de la corrupción: la inseguridad, los servicios deficientes, la mala infraestructura, las autoridades omisas. Está en riesgo nuestra vida, permanentemente, ¿habrá quien lo dude?.
Cuando el mal avanza, dice un clásico, lo peor que pueden hacer los buenos es no hacer nada. Y para fortuna de quienes estamos convencidos de que algo hay que hacer, existen iniciativas internacionales que cada vez más encuentran resonancia en lo nacional, en lo local. La transparencia y el acceso a la información pública, aún con sus limitaciones, son herramientas que permiten el escrutinio ciudadano sobre los asuntos públicos.
No obstante, el combate a la corrupción requiere llevar a la ciudadanía del escrutinio, es decir, de la observación, a la acción: ya no la vigilancia sobre el hacer público, sino su involucramiento en el hacer público. Este es el principio del modelo de gobierno abierto.
La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partership) se estableció en 2011, con la firma de 8 países, México incluido, y que actualmente involucra a 75 naciones. La innovación de este modelo consiste en que los gobiernos firmantes deben trabajar de la mano con el sector social en el establecimiento de Planes de Acción con compromisos concretos. Co-creación se denomina a esta forma de concebir la relación del gobierno con la sociedad: no la consulta, ni la vigilancia, sino la construcción colectiva.
Aunque la Alianza para el Gobierno Abierto implica a los gobiernos nacionales, actualmente existen ejercicios piloto de gobierno abierto en 15 ciudades o estados del mundo.
Un ejemplo de estos ejercicios subnacionales es el Condado de Elgeyo-Marakwet, en Kenya, con una población de 370,712 habitantes, que estableció su Comité de Gobierno Abierto en julio de 2016, con participación del gobierno y la sociedad civil. Su Plan de acción 2017 establece compromisos para atender cuatro áreas, identificadas en ejercicios de investigación y de consulta abierta a la población: 1) servicios públicos más receptivos, particularmente a las necesidades más urgentes de la población; 2) mejorar la transparencia del ejercicio del gasto; 3) mejorar la rendición de cuentas de las dependencias públicas y los contratistas privados en la implementación de proyectos; y 4) establecer mecanismos más sólidos y claros para la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos públicos.[1]
Participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de la tecnología con utilidad social, son los componentes mínimos indispensables del gobierno abierto, en la concepción del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), del que Vive BJ forma parte hace ya año y medio. Para que funcione, este modelo requiere de la voluntad gubernamental, pero también del interés de la ciudadanía. En los próximos meses, Vive BJ estará participando con Arkemetría Social, en colaboración con el InfoDF, en un proyecto que busca construir capacidades ciudadanas para la co-creación de planes de acción. ¿Quién le entra?
[1] Elgeyo-Marakwet County. Open Government Partnership (OGP) Action Plan. January 2017 – December 2017. Documento en inglés disponible en: https://legacy-site-ogp.pantheonsite.io/sites/default/files/Elgeyo-Marakwet_Subnational_Action-Plan20161201.pdf
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