FLOR GOCHÉ
Identificar los cuerpos encontrados en fosas comunes en México le llevará al actual gobierno por lo menos una década, tomando en cuenta el rezago en los procesos de identificación que se sufren a niveles estatal y federal, consideró Lucía Díaz Genao.
La coordinadora del Colectivo Solecito, de Veracruz, consideró que “es espeluznante vivir en un lugar que parece un Estado moderno, pero que en realidad es primitivo. Donde la vida humana tiene valor de cero”.
El colectivo de madres de personas desaparecidas que esta mujer encabeza descubrió, en el predio Colimas de Santa Fe, de Veracruz, la fosa clandestina más grande del país, de la que se exhumaron 298 cráneos y más de 22 mil huesos.
Foto: Juan Carlos Cruz / Cuartoscuro
Este gran paraje es sólo un pequeño botón del cementerio en que se ha convertido el territorio mexicano; el gobierno federal reveló que tan sólo entre diciembre de 2018 y mayo pasado, se localizaron 222 fosas clandestinas con 337 cuerpos.
Tras la desaparición de su hijo hace seis años, ella es una de miles de personas en México que en penales, hospitales, anexos, morgues y fosas clandestinas buscan a sus familiares desaparecidos.
La búsqueda en fosas es la especialidad de Lucía. Su colectivo de más de 300 personas, 95 por ciento mujeres, tiene gran experiencia en el mapeo de campos para la localización de entierros masivos.
El proceso de identificación implica contrastar el ADN de las osamentas encontradas con el de las familias que buscan a sus seres queridos y entonces surge otro problema, pues muchos de los casos de desaparición que se denuncian no tienen perfil de ADN anexado, además que la mayoría de los casos no se denuncian, explica.
De acuerdo con la cifra oficial pública, existen al menos 26 mil cuerpos sin identificar, pero Blanca Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano de los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, comenta que, en una reunión reciente, el gobierno federal informó a las familias de personas desaparecidas en el noreste del país que la cifra es ya de 37 mil cuerpos.
Sostiene que en el noroeste del país los restos humanos hallados en cementerios clandestinos “se miden en kilos”; por ejemplo, recientemente en un predio de Nuevo León, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos encontró 250 mil fragmentos.
Por ello, las organizaciones de esta región del país pidieron al gobierno federal establecer un mecanismo extraordinario forense a nivel nacional, y lograron que su demanda fuera atendida.
“Sí es necesario fortalecer el sistema y el instituto nacional forense, como lo ha señalado (el presidente) Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora urge construir una instancia nacional forense con participación de expertos internacionales”.
El mecanismo extraordinario se instalará con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encargará de identificar los restos encontrados anteriormente, mientras que los servicios forenses estatales atenderán el día a día, explica Martínez Bustos.
La activista considera que dejar que las familias saquen restos se convierte en un círculo de perversión que las revictimiza.
“No necesitamos palas, necesitamos expertos que nos ayuden a identificar dignamente a las personas. Y también mecanismos internacionales contra la impunidad, pues las autoridades no se pueden juzgar a sí mismas”, explicó.
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