Hace año y medio, en septiembre de 2010 y en ocasión de cumplirse 25 años del macrosismo de 1985, el jefe delegacional en Benito Juárez, Mario Alberto Palacios, pidió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que legislara a fin de tener una nueva Ley de Construcciones que previniera el impacto de un nuevo terremoto en las construcciones nuevas de la ciudad, particularmente en la demarcación juarense, pero no obtuvo respuesta alguna.
Un estudio preliminar del Instituto de Ingeniería de la UNAM dado a conocer en octubre de 2009, advirtió que el 60% de los 6,105 edificios nuevos construidos a partir de 2004 en Benito Juárez presentaba fallas técnicas “que ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes. Lis inmuebles considerados de alto riesgo por los investigadores presenta en su mayoría una planta baja “débil” y la mitad de ellos no cuenta con “memoria de cálculo” previa a su construcción.
Frente a esas evidencias sobre los graves riesgos que tendría para los juarenses un nuevo megasismo, el jefe delegacional panista asumía en entrevista con Libre en el Sur que la dependencia a su cargo debería vigilar el apego a la norma y optimizar sus sistemas de protección civil, pero que correspondía a la ALDF legislar al respecto para dotar a la ciudad de México y a sus habitantes de “una Ley que garantice su seguridad de las nuevas construcciones”.
La petición de Palacios Acosta, sin embargo, fue ignorada por los diputados locales del Distrito Federal, incluidos los representantes de su propio partido, el PAN, que omitieron acción alguna a favor de una nueva legislación sobre construcciones en la capital del país. El sismo de 7.4 grados Richter del pasado martes 20 vuelve a dar actualidad al tema.
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