La Secretaría del Medio Ambiente capitalina eludió su obligación de clausurar la construcción de un estacionamiento de al menos 11 niveles en el predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, frente al centro comercial Parque Delta, y que es propiedad del Gobierno del Distrito Federal. Ello, a pesar de que dicha obra no cuenta con los estudios de impacto ambiental al que la ley obliga.
El 21 de mayo de 2014, Christian Gallegos Vega, dirigente de la organización La Voz de Narvarte, ingresó un escrito dirigido al director ejecutivo de Vigilancia Ambiental, Francisco Javier García Ramírez, solicitándole realizar una inspección ambiental en la obra constructiva que se está realizando en el terreno delimitado por las calles Cuauhtémoc, Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, colonia Narvarte Poniente.
El viernes 20 de junio los vecinos recibieron un oficio como respuesta a una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente, en el que se asienta: “Derivado de una búsqueda exhaustiva de los expedientes que obran en la Dirección General de Regulación Ambiental, no se localizó autorización, ni antecedente alguno en materia de impacto ambiental competencia de esta unidad administrativa relacionado con el Proyecto constructivo ubicado en Cuauhtémoc, Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, colonia Narvarte Poniente, delegación Benito Juárez”.
Con esta información, vecinos de Narvarte acudieron a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental, donde se les informó que no se había realizado la inspección al predio “debido a la gran carga de trabajo”, negándoseles respuesta por escrito y acceso a la información del expediente donde deberían constar las actuaciones realizadas en atención a la solicitud, por lo que infirieron la omisión de la autoridad ambiental. Obtuvieron el compromiso verbal de que se realizaría la inspección ambiental el martes 24 de junio.
El lunes 23 de junio Christian Gallegos ingresó un escrito a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental, anexando el oficio en el que consta que la obra en cuestión no cuenta con las autorizaciones ambientales exigidas por la ley. Al día siguiente se presentaron tres inspectores ambientales en el predio en cuestión, quienes se negaron a mostrar la orden de inspección, así como el resultado de la visita de verificación, que debieron asentar en el acta correspondiente. No obstante, confirmaron, también de manera verbal, que la obra no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental, ni con el plan de manejo de residuos sólidos, a pesar de haberse realizado una excavación de grandes dimensiones.
La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones legales necesarias para ordenar de manera inmediata la suspensión temporal de la obra al no contar con autorización de impacto ambiental, de acuerdo con articulados del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo y la Ley Ambiental del DF. Sin embargo, a un mes de solicitada la intervención de la autoridad ambiental, la obra constructiva continúa realizándose.
En dicho predio se demolió indebidamente el edificio de la Octava Delegación de Policía, que se encontraba catalogado por su valor artístico en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Aunque el propio INBA ordenó a la Delegación Benito Juárez en tres ocasiones detener la demolición, ésta lo evitó bajo la argucia legaloide de que no encontró el domicilio del predio.
A ello le sucedió el inició de la construcción de un estacionamiento que sería manejado por la iniciativa privada, a pesar de que el predio es propiedad del gobierno capitalino. Para los vecinos inconformes– a quienes no se les consultó sobre el derribo de la Octava y la construcción en su lugar de otro edificio en el que supuestamente también estarán oficinas de la policía y de la Procuraduría— el manejo misterioso de las autoridades tanto capitalinas como de Benito Juárez obedece a que el estacionamiento busca beneficiar en realidad al centro comercial Parque Delta, cuyos cajones para autos ya no le son suficientes. (En la imagen, la “inspección” del martes 24).
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