La opacidad como práctica recurrente de la Delegación Benito Juárez queda asentada en 18 recursos de inconformidad que el periódico Libre en el Sur ha presentado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del DF (InfoDF) a fin de que obligue al gobierno del panista Jorge Romero Herrera a cumplir con la ley de transparencia.
En los nueve casos más recientes, a los que el InfoDF dio inmediata entrada al considerar fundamentadas las quejas, la argucia legaloide de la DBJ para ocultar la información se basa en que los datos que se solicitan no están procesados, cuando justamente es obligación de la Delegación tener la información en orden. Para aletargar la entrega de dichas informaciones, la titular de la Oficina de Información Pública, Juana Torres Cid, ofrece, en vez de entregar los datos de manera expedita, “consultas directas” tardías para las que además da escasísimo tiempo, imposible para poder averiguar lo que se requiere.
Ello, a pesar de que el InfoDF ha emitido recomendaciones a la DBJ a fin de que no recurra a la consulta directa salvo en casos verdaderamente excepcionales y justificados, y que no use ello para dilatar la entrega de la información y violar el principio de “máxima publicidad”.
Las denuncias de Libre en el Sur que actualmente investiga el InfoDF tienen que ver con los periodos vacacionales que ha ejercido el jefe delegacional Jorge Romero Herrera; los contratos con las empresas Saida y Grupo de Tecnología Cibernética, ambas ligadas al nuevo Centro de Soluciones BJ; y las construcciones de Grupo Rouz, la empresa inmobiliaria que de acuerdo con escrituras públicas dio un descuentazo a Romero en la compra de un penthouse en la colonia Del Valle.
También sobre la cantidad real de puestos fijos metálicos del comercio informal que habría retirado la autoridad delegacional, los recursos “autogenerados” por concepto del pago de servicios de los usuarios de la Alberca Olímpica, los reportes vecinales por luminarias fundidas, y el sueldo de Luis Mendoza Acevedo, quien relevó en la Dirección General de Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales a Rafael Medina, procesado penalmente en Brasil por golpear a un ciudadano de aquel país.
La negativa de la autoridad delegacional para entregar las informaciones coincide con la consignación en diferentes medios de que la DBJ oculta contratos servicios y compras incluso en su portal de transparencia en Internet. Apenas el 26 de septiembre pasado, en el diario La Jornada lo denunciaron funcionarios del propio InfoDF.
“Para el comisionado Alejandro Torres, esa delegación recurre a argucias para no dar la información solicitada por los particulares, publicó el rotativo. “’Hemos tenido ya varios recursos de impugnación, en los cuales la delegación Benito Juárez ha venido negando los datos, lo que es contrario a la transparencia y al derecho al acceso a la información pública’, remarcó”.
La Jornada consignó que de acuerdo con datos oficiales del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal (Infodf), “en 90 ocasiones los particulares impugnaron ante este mismo organismo las respuestas que les entregaron las autoridades delegacionales, ya que no correspondían a lo solicitado, por lo que en varios casos los comisionados de transparencia han tenido que intervenir y resolver esos casos en favor de los solicitantes”.
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