La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene abiertas dos quejas contra diversas dependencias del gobierno local, por el conflicto con vecinos de la colonia Narvarte que se oponen a la construcción de un resguardo del Metrobús, mientras que activistas de diversas organizaciones solicitaron a la Asamblea Legislativa su intervención a fin de que las autoridades capitalinas suspendan la obra.
De acuerdo con fuentes internas de la CDHDF, que fueron consultadas por la agencia Notimex, el desalojo a los vecinos inconformes por parte de la fuerza pública para permitir la continuación de las obras, son una violación a las medidas precautorias dictadas con anterioridad por el ombudsman capitalino.
Indicaron que como resultado de dos quejas presentadas por vecinos en noviembre y diciembre, la Comisión local dictaminó precautoriamente que las obras no continuaran, mientras se resolvían todas las dudas de los colonos sobre el impacto ambiental de la construcción del paradero. Además, expresamente se había solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que no se recurriera a medidas de fuerza, en tanto persistiera el diálogo entre las autoridades y los vecinos, refirieron las fuentes.
Por su parte, líderes de diversas organizaciones cívicas demandaron a la Asamblea Legilstiva del DF emitir un exhorto al jefe de Gobierno para que se detengan las obras. En una misiva dirigida al diputado José Alberto Couttolenc Guemez, integrante de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, alegaron que “la defensa de los espacios verdes y la preservación de la estética y la memoria urbana, es un derecho de todos los mexicanos”. Por ello le piden “exigir al subsecretario de Gobierno Juan José García una disculpa pública por utilizar un calificativo propio de las concentraciones partidistas del PRI y el PRD, al llamarle ‘acarreados’ a ciudadanos en defensa del patrimonio ecológico, estético e histórico de la Ciudad de México y de sus escasas áreas verdes en pleno centro geográfico del Distrito Federal”.
También que el GDF utilice “la estructura urbana ya pagada por los ciudadanos para estacionar las unidades del Metrobús en el paradero estratégicamente construido en el terreno aledaño a la Estación Zapata de la línea 3 del Metro, o bien utilizar para su retorno la Glorieta de Etiopía”, así como “cumplir con su deber de equipar de luces, reparar banquetas y mejorar la seguridad en la avenida Diagonal San Antonio, porque ese es su deber y no como chantaje o dádiva a cambio de que los vecinos cedan a la destrucción del paisaje urbano con la modificación que requerirían los espacios verdes en esa zona”.
Sofía Cárdenas, de Izquierda Verde; Ramsés Ancira, de Poder para la gente ¡ya!, y Florencio Ortega Bujanda y Claudio Vargas, de Agencia Ion y Cabildeo Parlamentario, acusaron “la pobreza de los argumentos de las autoridades del Distrito Federal”, pues “ahora descubren que hay una base de taxis ‘pirata’ que ha funcionado durante más de una década en la zona, y con una actitud que como la legendaria permuta de oro por espejitos, pretenden condicionar la reparación de banquetas y la instalación de luces un semáforo, a cambio de la afectación de áreas verdes”.
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