En esta ocasión, me referiré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA que promueve, protege, observa y defiende los Derechos Humanos de los estados americanos, cuya sede se encuentra en Washington D.C. y cuya delegación, recién visitó nuestro país.
Creada por la OEA en 1959, forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), junto con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como antecedente, en 1948, la SIDH aprobó la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre y posteriormente, la OEA adopta su Carta, la cual proclama los Derechos Fundamentales de la persona humana.
La comisión basa su trabajo en 3 pilares fundamentales:
- El sistema de Petición Individual;
- El monitoreo de la situación de los Derechos Humanos en los Estados Miembros; y
- La atención a líneas temáticas prioritarias.
A partir de estos pilares, la Comisión fundamenta y descansa su trabajo en los sectores de la población propensos a la discriminación y lo complementa con el principio pro-persona, en donde se debe interpretar la norma que más beneficie al ser humano.
México, forma parte de la SIDH, aproximadamente desde los años 60´s, pero es hasta las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos que se llevaron a cabo en 2011, donde México comienza a evolucionar en este tema. En estas reformas, hubo dos muy importantes que impactaron directamente en la administración de la justicia federal.
Una de ellas, la reforma a la Ley de Amparo, la otra, la progresividad de los Derechos Humanos en donde se introduce el principio pro-persona, que ya se mencionó anteriormente y el cual funge como rector de la interpretación y aplicación de las normas. Estas reformas, traen consigo el conocimiento, estudio, aplicación y observancia de tratados internacionales, los cuales están a la par de nuestra Carta Magna, teniendo prioridad de aplicación la que más beneficie a las personas.
Como México forma parte de esta Comisión, es su obligación darle seguimiento a las recomendaciones para buscar atender o resolver violaciones de Derechos Humanos que surjan por o dentro de los estados miembros, teniendo como ejemplo el acuerdo de asistencia técnica entre la Comisión y México, firmado el 18 de noviembre de 2014, con los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Éste acuerdo, tiene como objetivo principal, resolver los problemas estructurales de la desaparición forzada de personas, no limitándose a los alumnos desaparecidos.
En esta ocasión y al finalizar su visita, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, concluyó en un informe preliminar que México padece “una grave crisis de derechos humanos”.
El organismo internacional consideró que las violaciones a los derechos fundamentales son especialmente graves en las personas en situación de pobreza, migrantes, refugiados, desplazados internos, mujeres, niños, periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y en la comunidad gay.
Si los grupos sociales arriba mencionados, representan los observados por la CIDH al estado mexicano, se trata entonces de que la gran mayoría de mexicanos y mexicanas se encuentran proclives a ver violados sus derechos o ya lo experimentaron. Es gravísimo que los voceros federales en la materia, pretendan minimizar los dichos de la CIDH y considerarlos como “temas aislados en México”.
En un estado donde prácticamente todas y todos sus habitantes, estamos en riesgo de sufrir discriminación, maltrato, violación o abuso en nuestros derechos, somos cada uno de nosotros, quiénes debemos levantar la voz y denunciar cualquier caso por todos los medios que tengamos al alcance. Lo único que no podemos permitirnos es acostumbrarnos a ver como normal, que nos transgredan sistemáticamente. Callar, tampoco es una opción.
Denunciar y no callar, también son nuestros derechos.
*Doctorante en Filosofía del Derecho, por la Universidad Anáhuac México Sur.
*Embajadora de Cultura de la Paz y Ética Global en DF, por la UNESCO.
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