Entre la serie de cifras e indicadores económicos que se difunden, consultan y esgrimen como argumento para relatar el estado de la economía nacional se encuentra la llamada Inversión Extranjera Directa (IED). En algunos casos, forma parte de la sintaxis expuesta para justificar determinadas características del modelo de desarrollo y crecimiento seguidos por los recientes gobiernos.
Desde ámbitos oficiales se espeta, bordada en adjetivos de “histórica”, la cifra de 156 mmdd en IED durante los recientes cinco años. Se dice, para dimensionar el número, que dicha cantidad rebasa en más de 50 por ciento lo alcanzado por la anterior administración federal. Pero, como ante todo aspecto que involucre política económica debemos ser cautos. Veamos.
Hasta el año 2014, las compañías que invertían de manera directa en nuestro país eran responsables del 60 por ciento del total de exportaciones no petroleras. Lo anterior por sí sólo podría ser incluso benéfico, la realidad indica que el producto final de esas inversiones es de bajo contenido nacional, pues México constituye un eslabón más en una cadena de producción (práctica conocida como fragmentación de procesos productivos).
A la planta productiva nacional no le impacta en algo dicho fenómeno porque los insumos y bienes de capital son traídos otros países. En suma, no logramos abandonar el caótico axioma de importar tecnología para exportar manufactura, en el mejor de los casos, y los resultados son manifiestos. Una cifra más nos puede ayudar a entender el tamaño del problema: el sector manufacturero mantiene el mismo porcentaje de aportación al PIB que en 1960. Han pasado 57 años y los empleos que genera el sistema actual son en sectores no comerciables, principalmente servicios, los cuales registran menor productividad e incluso son informales y precarios.
Como he insistido, nada de lo que ocurre en determinada realidad social es producto de la casualidad. En días recientes el Centro de Análisis Multidisciplinario, el cual pertenece a la UNAM, publicó que en el periodo comprendido entre mayo de 2016 y mayo de 2017 la pérdida de poder de compra fue de siete por ciento, sumando así una caída del 13. 3 durante la actual administración federal. A ello debemos agregar que, al año 2014, el salario mínimo equivalía al 25 por ciento del que se pagaba en 1975.
Como corolario a esta serie de datos, los cuales más que una sumatoria son parte de una fotografía amplia, compleja y contradictoria, encontramos que el país se ubica entre los 20 con más millonarios del mundo y, contradictoriamente, ocupa un lugar en la lista de las 15 naciones con mayor número de personas que no acceden a alimentación suficiente y correcta. Así lo señala el reciente estudio de la Cepal, La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México, a cargo del profesor Miguel del Castillo Negrete.
La delicada circunstancia que vive la nación demanda no nada más repensar, sino cambiar el modelo de desarrollo y crecimiento económico. Más allá del mar de datos, indicadores, cifras, etcétera que nos pueden ayudar a observar una parte de la intrincada realidad, debe aparecer el ser humano como proyecto. Por ello es fundamental que la política tome las riendas de la economía y trace una ruta a mediano y largo plazo. Que determine, en primera y última instancia, el funcionamiento de las relaciones que permiten a los ciudadanos satisfacer necesidades de toda índole.
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