Por María Luisa Rubio
Esta semana se discute y dictamina la nueva ley en materia de transparencia y acceso a la información pública de la ciudad de México, para dar cumplimiento al ordenamiento de homogeneizar las leyes locales con la Ley General de Transparencia, aprobada en mayo de 2015.
Es un trabajo legislativo que ha sido acompañado de manera estrecha por colectivos y organizaciones de la sociedad civil especializados en el tema, lo cual da para suponer que la nueva ley seguirá siendo de avanzada en el país, pues recupera la experiencia y aprendizajes de quienes han acumulado claridad conceptual, pericia técnica, experiencia y muchas lecciones aprendidas en las diversas aristas y facetas de la transparencia y la información públicas.
En el marco de esos trabajos, hace justo una semana se llevó a cabo el Foro Transparencia 2.0 (), organizado por (), en donde coincidimos diversos actores interesados en la información y transparencia públicas; la rendición de cuentas y la participación ciudadana: Asambleístas, consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de a pie.
De ese intercambio plural y abierto de inquietudes, opiniones y propuestas, rescato dos reflexiones, en las que coincidió la mayoría de los asistentes:
La primera, es la necesidad de entender la transparencia y el acceso a la información pública como un derecho en sí mismo, pero también como una herramienta. Saber, es casi siempre un saber para: acceder a otros derechos, evaluar la gestión pública, combatir a la corrupción. Ese entendimiento implica comprender la importancia de fortalecer la normatividad y los mecanismos de acceso y garantía del derecho, y también hacerse cargo de los alcances y límites de la normatividad en la materia, de los órganos garantes, para no andarle pidiendo peras al olmo.
La otra reflexión tiene que ver con el ejercicio que hace la ciudadanía del derecho de acceso a la información pública. Habría que entender, decía uno de los participantes, por qué el ciudadano común no hace uso de su derecho a estar informado. Las respuestas no se hicieron esperar: porque el aparato gubernamental no está concebido para ser transparente, porque el lenguaje de la administración pública no es legible para el ciudadano común (¿quién sabe qué es un POA?), porque los portales no son amigables para el usuario, porque no hay confianza en las instituciones, porque estamos acostumbrados a tener derechos que no se pueden ejercer a plenitud, porque no entendemos qué es y para qué sirve la información pública.
La relativa “novedad” de este derecho (la reforma constitucional que lo reconoce se dio hace apenas diez años) tiene para su beneficio, en la ciudad de México, que tanto el marco normativo como la institución a cargo, el InfoDF, son altamente garantistas del derecho a favor del ciudadano. No obstante, la obligación de la transparencia no está plenamente, ni de cerca, asumida por la administración pública, en ninguno de los poderes o niveles de gobierno.
Uno reto, pues, que enfrenta la ciudad de México (pensando, por supuesto, en su Constitución), es precisamente la forma de transversalizar la transparencia en todos los ámbitos de gobierno posibles, y de articular los procesos de publicidad y de acceso a la información pública con otros procesos: quejas y denuncias, trámites y servicios, etcétera.
El otro reto es convencer al ciudadano común de que vale la pena ejercer el derecho de acceso a la información pública; de que la transparencia es un campo donde pueden sentarse las bases para reconstruir el diálogo entre ciudadanía y gobierno. Transparencia y acceso a la información pública no son la panacea, son solo una ventana desde donde puede mirarse al gobierno; sin embargo, creo que si los ciudadanos ejercemos ese derecho con responsabilidad y con firmeza, esa ventana puede hacerse una puerta (una de varias) por donde los ciudadanos entremos y salgamos del hacer gubernamental, como Juan por su casa.
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