La diputada local juarense Dinorah Pizano Osorio advirtió que la suspensión de construcciones irregulares anunciada por el delegado Jorge Romero, es mera simulación –porque pueden subsanarse y proseguir–, y que lo que verdaderamente se necesita es la clausura definitiva y la demolición de esas obras, así como el castigo a funcionarios y exfuncionarios responsables de la actual situación.
“En Benito Juárez estamos hartos de las simulaciones, los placebos y las mentiras: el procedimiento adecuado es la demolición, no hay otra alternativa”, dijo la legisladora. “Casos como el de Millet 39, Acordada 100, Tercera Cerrada de San Simón Ticumac, entre otras, que clausuramos simbólicamente con los vecinos el pasado 10 de febrero, en donde la autoridad siempre supo; estas anomalías no deben quedar impunes”.
Acusó también a Romero Herrera de incumplir el exhorto que le hizo la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) para que informara a detalle sobre las obras ilegales en la demarcación. “Tres meses han sido más suficientes para que la delegación Benito Juárez, cumpla con el exhorto aprobado por el Pleno de la ALDF, en el que se le solicitó entregar un informe detallado de las construcciones irregulares que proliferan en la demarcación, sin embargo no ha presentado documento alguno”, dijo.
Recordó que desde noviembre pasado la Comisión de Administración Pública Local, aprobó el Punto de Acuerdo, en el sentido de solicitar al delegado en Benito Juarez, Jorge Romero Herrera, un informe de cuantas manifestaciones fueron ingresadas, que con base en la revisión que hace el Órgano Político Administrativo, detalle cuántas y cuáles fueron observadas por considerar que violaban el uso de suelo, cuántas de estas fueron sujetas al procedimiento de nulidad y concluyeron con la nulidad el acto. Asimismo se les pide los datos concretos de cuántos procedimientos de verificación administrativa en materia de obras fueron instaurados y la etapa en la que se encuentran, así como los alcances de aquellas que ya concluyeron y por último, las acciones instrumentadas para detectar las construcciones irregulares en su demarcación y el procedimiento instaurado a partir de ello, solicitud que sigue sin respuesta.
Reiteró que inmuebles como el de Millet 39 mantiene una medida cautelar, que señala suspensión de actividades enviado de la delegación, y otro por parte de la Secretaría de Protección Civil, pero ambas son endebles, es decir, no se acató la recomendación de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), que ordenaba la demolición desde diciembre de 2010.
Sostuvo que de acuerdo a la PAOT, los 90 departamentos construidos en dicha ubicación se cimentaron con documentos apócrifos, situación de la que tiene conocimiento la delegación desde un inicio, y “nunca procedió ante el Ministerio Público, no obstante que tuvo conocimiento pleno de las irregulares, nunca llamó a los servidores públicos correspondientes”, agregó.
La legisladora advirtió que aunque la justificación podría ser que fue en la administración pasada, lo cierto es que el actual Director General Jurídico y de Gobierno, Luis Vizcaino Carmona, es el mismo del trienio delegacional anterior, por ello reclamó la falta de compromiso con los ciudadanos y subrayó que en este caso debe actuarse con base en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
“Todas las sanciones hacia los servidores públicos locales se dan por acción u omisión; qué pasa cuando no se actúa, pues también se sanciona, por supuesto la actual administración está clara de los pendientes anteriores y entonces es imposible decir que no se conocía el tema a fondo, por ello se tiene que hacer un llamado a la Contraloría porque hay sin duda responsabilidades administrativas y quizás hasta penales”, apuntó. (En la foto, la emblemática obra irregular de Millet 39, esta tarde, sin que la Delegación haya procedido a su demolición).
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