El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) determinó que el PRI incurrió en una falta administrativa “grave” al postular a Lucía Ramírez Ortiz como su candidata a la jefatura delegacional en Benito Juárez para las elecciones del 2009, por lo que impuso a ese instituto político una multa de más de 50 mil pesos.
De acuerdo a la denuncia presentada por Marcela Dávalos Aldape ante el IEDF, Ramírez se había desempeñado como Coordinadora de Comunicación Social del Tribunal Electoral del DF apenas 15 meses antes de la elección, por lo que se encontraba imposibilitada de ser candidata de acuerdo al artículo 222 del Código Electoral del DF, que establece que quienes ocupan cargos de dirección en instituciones electorales están impedidos de ser votados durante los cinco años posteriores al desempeño de su función.
En su resolución del 17 de diciembre pasado, firmada por el consejero presidente Gustavo Anzaldo Hernández, el IEDF consideró válida la acusación de Dávalos, quien en su momento aspiró a esa candidatura pero que fue excluida –según su afirmación— por no aparecer en las listas oficiales de la dirigencia nacional priísta.
Imposibilitada Marcela Dávalos por su propio partido para competir, bajo el argumento de que no contaba con un mínimo de tres años de militancia (ella entregó a este periódico copia de una constancia que la acredita como militante desde 1986), el PRI seleccionó a Luis Javier Guerrero, que a su vez renunció a la candidatura para dar paso a Lucía Ramírez, quien se benefició por las “cuotas de género” en las candidaturas del tricolor.
Tras acreditar que Lucía Ramírez se desempeñó como Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Tribunal Electoral del Distrito Federal en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de dos mil siete y el 31 de marzo de dos mil ocho, el Instituto Electoral estimó que Ramírez “no reunía los requisitos de elegibilidad para ese encargo, violando con ello los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda electoral” (expediente IEDF-QCGI16312009).
Añadió que “esta autoridad arriba a la conviccion de que, en vista de la renuncia del ciudadano Luis Javier Guerrero, la asociación política denunciada debió realizar un nuevo procedimiento de selección para escoger a su candidato sustituto, para lo cual debía observar en todo momento que el postulado cumpliera con los requisitos de elegibilidad para ese encargo, debiendo excluir aquellos que no lo reunieran”.
Y concluyó que “el Partido Revolucionario lnstitucional resulta responsable administrativamente por haber postulado a la ciudadana Lucia Ramírez Ortiz, como su candidata a Jefe Deleqacional en Benito Juárez, a pesar que no reunía el requisito de elegibilidad previsto en el articulo 222, fracción II del Código Electoral del Distrito Federal, en contravención a las disposiciones legales que imponían verificar el cumplimiento de esta situación”.
Con el voto de cuatro consejeros a favor y tres en contra, el IEDF impuso al Revolucionario Institucional el pago de una infracción “grave” por 54,800 pesos. Ramírez –quien en 2009 obtuvo alrededor del 11 por ciento de la votación en Benito Juárez, y quedó en un lejano tercer lugar—, resultó sin responsabilidad administrativa.
La denunciante Marcela Dávalos es militante del PRI desde 1986, según consta en la copia de una constancia expedida por el secretario de Organización del tricolor el 13 de abril de 1986, José Eduardo Chávez Flores; ahí se asienta además que ella tiene su domicilio en la colonia Del Valle y que ha sido consejera política del PRI capitalino.
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