El grupo inmobiliario Rouz, cuyos gallardetes promocionales cuelgan de cientos de postes en las calles de nuestras colonias, cuenta con un negro historial en la delegación Benito Juárez, en la que tiene actualmente 13 desarrollos en venta según su propaganda y donde en los últimos años se ha visto involucrado en demandas, clausuras, irregularidades, juicios, movimientos vecinales y hasta en un homicidio.
La Delegación Benito Juárez ha clausurado al menos tres obras de Grupo Rouz, incluida la de Millet 39, que hoy están sin sellos, prácticamente terminadas y en venta. Hace justamente un año, el 25 de abril del 2011, a solicitud del diputado local Federico Manzo, impuso sellos a una obra ubicada en la calle Trípoli 515, ya que los vecinos denunciaron que no exhibía la manifestación de construcción correspondiente. Hoy las máquinas trabajan sin impedimento alguno.
A unas cuadras de ahí también fue clausurada una construcción de Rouz, después de que el 16 de junio murió una mujer de 31 años de edad al ser golpeada por una pala mecánica operada de manera aparentemente irregular. Ella caminaba por la banqueta, de regreso a su casa con las tortillas que recién había comprado. Al pasar frente a la obra de Balboa 206, fue repentinamente lanzada a varios metros por una pala mecánica que era utilizada en la construcción. Inmediatamente, de acuerdo a la versión conocida por su hermano Víctor, un camión de volteo que realizaba maniobras le pasó por encima. Los testimonios y peritajes quedaron asentados en la averiguación previa FBJ/BJ4/T3/1261/10-06.
A espaldas de esa construcción, en la calle Bélgica 211, fue demolido un inmueble de estilo morisco, a pesar de estar catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, según documentó La jornada el 29 de julio de 2008. Ese periódico citó el oficio que el INBA envió un mes antes a la Delegación Benito Juárez, entonces encabezada por Germán de la Garza Estrada: “Por sus características arquitectónicas que presenta, esta dirección recomienda la conservación del señalado inmueble”, dijo la dependencia. Y advirtió que los “edificios que integran la relación del INBA de este tipo de construcciones, reúnen características estéticas relevantes, y su conservación es del interés del Instituto”. El Instituto fue ignorado y tras la demolición la empresa Rouz construyó en el predio un desarrollo al que denominó “Bélgica”.
Pero el edificio de departamentos que esa inmobiliaria levantó en Millet 39, colonia Extremadura Insurgentes, a media cuadra del Parque Hundido, corrió diferente suerte. Tras considerar a la obra “ilegal”, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) expidió una recomendación para pedir su demolición, que fue aceptada en su momento por el actual jefe delegacional, Mario Palacios. Frente al inmueble está colgada una manta: “No compre problemas ¡Exigimos demolición!”. En agosto del año del 2010 Seduvi inició un juicio de lesividad contra la inmobiliaria a fin de revocar los permisos de construcción por presuntamente utilizar constancias de zonificación de Uso de Suelo apócrifas. La asociación Vecinos del Parque Hundido, así como la PAOT y la Delegación Benito Juárez fueron nombrados terceros interesados para aportar pruebas en el juicio. En enero pasado, se determinó que la obra debe ser demolida. Sin embargo, inesperadamente, el 12 de abril pasado la DBJ dispuso el retiro de los sellos de clausura y permitió el acceso al personal de Rouz. De inmediato una veintena de albañiles empezaron a trabajar a toda prisa en los acabados de la obra, mientras que Rouz oferta los departamentos de manera abierta en la dirección electrónica: departamentos de 82 y 107 metros cuadrados con sala y comedor, dos recámaras, vestidor, dos baños, cocina equipada, elevador, área de servicio, dos lugares de estacionamiento y caseta de vigilancia… El sábado 21 la empresa pretendió meter al edificio mobiliario que se transportaba en un camión de mudanza, lo que fue impedido por los vecinos, que entonces empezaron su protesta que culminó con el bloqueo parcial de la avenida Insurgentes, la intervención de los granaderos y la colocación de sellos de “suspensión de obra” por parte de la Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino. Desde entonces, los vecinos mantienen un plantón permanente en demanda de que el inmueble sea definitivamente clausurado y demolido. (Foto: construcción en Trípoli 515).
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