La Guardia Nacional adscrita a la Sedena abre la puerta para que los militares desempeñen funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz.
POR ITZEL GARCÍA MUÑOZ
“La militarización de la seguridad pública no detiene la violencia, la multiplica”. México Unido contra la Delincuencia.
Hoy escribo está columna desde el reino del revés porque quienes trabajamos para que nuestro país avanzara hacia la consolidación de una democracia constitucional vemos, con algo de frustración, que la “izquierda” está logrando lo que la generación de la transición hacia la democracia, cuanto menos la electoral, veíamos lejano, que México está involucionando cuando menos a un régimen de concentración de un poder autoritario debido a que una mayoría legislativa artificial, ilegítima e inconstitucional, está llevando a cabo reformas que impactan decisiones políticas fundamentales que en su momento tuvieron como objetivo consolidar una democracia constitucional cuyo eje principal es el debido respeto y garantía de los derechos humanos.
La reforma constitucional militarista que está en proceso a través de la cual, entre otras cosas, institucionaliza la militarización de la seguridad pública debería preocupar y ocupar a la mayoría de la gente por las razones que explicaré, grosso modo, en las siguientes líneas.
Desde fines del siglo XX, en México se fue desarrollando un proceso de militarización de facto de la seguridad pública que, hasta la fecha, no ha resuelto el problema de criminalidad y violencia. En cambio, dicho proceso ha generado y exacerbado una crisis de derechos humanos que se ve reflejada en las cifras de personas desaparecidas, homicidios violentos, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, etc.
Ahora bien, la reforma en cuestión formaliza la militarización de la seguridad pública primero porque incorpora a la Guardia Nacional a la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular es un militar. Segundo, porque la Guardia Nacional estará integrada por personal militar. Tercero, porque extiende la jurisdicción militar a quienes formen parte de la Guardia Nacional.
Otro aspecto importantísimo que debemos tener en el radar es que la reforma aludida debilita a las instituciones civiles al otorgar a la Guardia Nacional facultades para investigar delitos; y también porque abre la puerta para que los militares puedan desempeñar funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, diluyendo los límites constitucionales que fueron establecidos por la Asamblea Constituyente de 1917. Además, la reforma autoriza al ejecutivo a disponer, de manera discrecional, de las fuerzas armadas en apoyo de las tareas de seguridad pública; y al Congreso a expedir leyes para regularlas.
Asimismo, la reforma constitucional que está en trámite es perjudicial porque representa un grave retroceso para los derechos humanos. A lo largo de los años, ha quedado demostrado que el fuero militar genera abuso de poder e impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses. En ese sentido, los organismos y organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han constatado que la militarización de la seguridad pública en México está estrechamente relacionada con el aumento de violencia y actos de tortura contra las personas detenidas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y homicidios.
Una democracia funcional requiere de un fortalecimiento de las instituciones civiles y del control de éstas sobre las fuerzas militares. Una reforma que otorga mayores facultades a la milicia es un cambio que pone en riesgo al Estado Constitucional Demócratico de Derecho que intentamos construir desde hace más de dos décadas en México. Mucho ojo con eso.
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