(Francisco Ortiz Pardo)- Para ocultar los planos de estaciones de la Línea Dorada del Metro durante siete años, el gobierno capitalino encabezado entonces por Marcelo Ebrard advirtió el riesgo de que ocurra un atentado como el del tren de cercanías de Madrid en 2004 o los posteriores de Londres. El Metro –dijo a Libre en el Sur en noviembre del 2012– es “objetivo de alto perfil para cualquier atentado de índole terrorista”.
Efectivamente, en una respuesta de noviembre del 2012 a la solicitud de información pública 0325300003812, el Proyecto Metro –cuyo director Enrique Horcasitas elude ahora opinar acerca de la escandalosa falla en la construcción y el peligro inminente para los usuarios, que ha provocado el cierre de la mitad de la Línea Dorada– usó como argumento “la responsabilidad de índole preventiva que constituye la información contenida en los Estudios, Anteproyectos, Proyecto Ejecutivo de las Estaciones y Edificaciones que tengan que ver con la Construcción de la Línea 12 del Metro y con antecedentes de prueba de daño como lo acontecido en Inglaterra con varias explosiones, sufrido en la Ciudad de Londres, que ocasionaron además de muertos y más de 700 heridos, la severa interrupción en el transporte de la ciudad, el replanteamiento de las políticas de seguridad, y la declaración del Parlamento Británico, al señalar al Metro como objetivo de alto perfil para cualquier atentado de índole terrorista”.
Ante tal riesgo se puntualiza que “dado que el interés ciudadano de contar con la información sobre “Estudios, Anteproyectos, Proyecto Ejecutivo de las Estaciones y Edificaciones que tengan que ver con la Construcción de la Línea 12 del Metro” se coloca en un plano inmediatamente inferior respecto de la obligación gubernamental de garantizar a la población el respeto de las garantías individuales constitucionales, manteniendo el orden público, protegiendo su integridad física y previniendo la comisión de delitos”, esos datos quedan reservados.
Lo curioso es que los ejemplos de “prueba de daño” para mantener la secrecía de esa información van cambiando. De acuerdo con la respuesta emitida a la solicitud 325300031610 por Rosa Estela García Wheeler, subdirectora Jurídica y encargada de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro, el 18 de junio del 2010, la reserva correspondía a un asunto de seguridad, sí, pero por el antecedente de los actos terroristas en el Metro de Madrid, España, el 11 de marzo del 2005, que causaron la muerte de más de 200 personas. Otra curiosidad es que la información quedó reservada por siete años, como si los argumentos sólo fuesen válidos por ese periodo.
El Comité de Transparencia de esa dependencia –explicó entonces la funcionaria— determinó reservar la información porque hay antecedentes terroristas en el mundo que constituyen una “prueba de daño” que advierte sobre el riesgo de que al dar esa información acerca de las estaciones se incumpla “la premisa fundamental de servicio eficaz y seguro a los usuarios, según diversas disposiciones legales. Y es que, pone el documento, los atentados en Madrid “ocasionaron además de casi doscientos muertos y más de 1550 heridos, la suspensión de servicio para todas las líneas de origen y destino a la capital, caos y desconcierto general de la ciudadanía”.
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