Después de más de una década de mantenerse prácticamente ausentes de la vida política de la delegación Benito Juárez, dirigentes y diputados del Partido Revolucionario Institucional han empezado a contactar a líderes vecinales a lo largo y ancho de la demarcación para “sumarse” a sus demandas contra las obras irregulares y la “depredación ambiental”. Esa estrategia de reposicionamiento, lanzada por el líder delegacional tricolor Carlos Pineda , ha cobrado inmediatamente sus frutos, pues los priístas han logrado convocar en un “frente vecinal” al menos a la tercera parte de los flamantes Comités Ciudadanos.
De tal forma, los coordinadores internos de esos comités –encabezados por la actual presidenta del Comité Ciudadano Delegacional (CCD) en Benito Juárez, Silvia Ledezma—desayunaron en días pasados con el dirigente capitalino del PRI, Jaime Aguilar Álvarez, de quien recibieron el “compromiso” de apoyarlos en sus demandas. Más concretamente, la noche de ayer convinieron con el diputado local Gilberto Sánchez Osorio la creación de una “comisión” para dar seguimiento a la problemática referente al boom desmedido de construcciones –particularmente de aquellas denunciadas como “ilegales”–, la afectación al medio ambiente, las obras del gobierno capitalino y las concesiones de gas natural. Se propuso como “enlaces” de esa comisión a José del Carmen Torres, presidente de la Comisión de Vivienda del CCD y a Héctor Rojas, coordinador interno de la colonia Extremadura Insurgentes y líder de la asociación Vecinos del Parque Hundido.
En la reunión, realizada en las oficinas anexas de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado, en la colonia San Rafael, los vecinos expusieron críticas a los gobiernos delegacional y del DF. Adriana Montuy, de la colonia Narvarte, alertó del “terror” que significan ante eventuales sismos las construcciones que han sobrepasado los niveles permitidos. En ese sentido, Adriana Zamacona, de la colonia Del Valle, recordó que la Asamblea Legislativa del DF reportó, tras un estudio, más de 400 obras irregulares en la demarcación. Ante estas quejas, el líder priísta en DBJ, Carlos Pineda, planteó que, de acuerdo con una recomendación de la Procuraduría Ambiental, las edificaciones ubicada en Millet 22 y 39, colonia Extremadura Insurgentes, deben ser demolidas, y no sólo suspendidas o clausuradas.
En tanto Joselyn Flores, del Centro Urbano Presidente Alemán, expresó su temor por el “riesgo” que corren las familias del multifamiliar con la nueva estación de la Línea 12 del Metro. “Se nos prometió que no se iba a construir junto al Multi y ya la construyeron ahí. ¿Quién va a responder si pasa algo?”, preguntó. Pablo Gorgé, dirigente de la asociación Amigos del Parque de San Lorenzo, se quejó del “engaño” por parte de autoridades delegacionales que prometieron una reforestación que no se ha cumplido.
Al respecto, el diputado Sánchez Osorio afirmó que existe una contradicción “sin remedio” entre los conceptos de desarrollo urbano y medio ambiente, lo que ha provocado una auténtica “depredación” en la ciudad, donde la restitución de árboles por la afectación de obras públicas y privadas es “absolutamente insuficiente”. El legislador, integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, ofreció: “Estoy dispuesto a sumarme a ustedes y apretar juntos, para frenar la política inmobiliaria depredadora”.
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