Juez federal obliga al Gobierno de la CDMX a transparentar estudios y químicos hallados en la zona norponiente.
La resolución judicial exige entregar resultados técnicos del pozo contaminado tras meses de opacidad informativa.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México emitió una orden judicial que obliga a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a proporcionar información detallada y fidedigna sobre la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez.
Esta resolución representa un mandato directo para transparentar los estudios de laboratorio, los análisis técnicos y la identidad de los agentes químicos detectados en el suministro de la zona norponiente de la demarcación.
La decisión del juez establece que las dependencias responsables deben dar a conocer los resultados íntegros de las pruebas realizadas en el pozo que abastece a las colonias afectadas. La orden incluye la entrega de todos los datos técnicos que permitan identificar con precisión la calidad del agua distribuida, así como las razones científicas y operativas detrás de la contaminación que reportaron los habitantes desde hace meses.
Este fallo judicial es el resultado de un recurso legal impulsado por la firma de abogados L&RR, en conjunto con otros especialistas en derecho, quienes interpusieron el juicio de amparo ante la falta de claridad y la negativa sistemática de las autoridades capitalinas para ofrecer datos concretos. La demanda se fundamentó en la violación al derecho humano de acceso a la información y al derecho a la salud de los residentes de Benito Juárez.
La crisis del agua envenenada, como se ha documentado en las páginas de Libre en el Sur, comenzó formalmente el 31 de marzo de 2024. En aquel momento, este medio reportó las primeras quejas de vecinos en las colonias Del Valle, Nápoles, Nonoalco y San Juan, quienes alertaron sobre un olor penetrante a hidrocarburo y una consistencia aceitosa en el líquido. A pesar de la evidencia, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) negó inicialmente cualquier anomalía, afirmando que el agua era apta para el consumo humano.
Fue hasta abril de 2024 cuando el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, admitió la presencia de una sustancia de la familia de los aceites y lubricantes, procediendo al cierre del pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Libre en el Sur dio seguimiento puntual a los bloqueos en avenida Insurgentes Sur y a la instalación de plantas potabilizadoras por parte de la Sedena y la Marina en el Parque San Lorenzo, medidas que resultaron insuficientes ante la falta de un diagnóstico oficial claro.
De acuerdo con el cuerpo de la nueva resolución, la autoridad judicial determinó que el acceso a estos datos es fundamental para que la ciudadanía conozca los riesgos reales a los que estuvo expuesta. El mandato especifica que no basta con declaraciones generales, sino que se requiere la apertura de los expedientes que contienen los muestreos químicos y los protocolos de remediación aplicados.
Durante el punto más álgido de la crisis, investigaciones independientes de la UNAM y la UAM, citadas oportunamente por este medio, detectaron compuestos derivados del petróleo. Incluso, análisis de grupos vecinales como Guardianes del Agua BJ señalaron la presencia de cloroformo, diclorobenceno y tolueno, sustancias que las autoridades se negaron a confirmar oficialmente, manteniendo la información bajo reserva por supuestas razones de seguridad.
Aunque el Gobierno de la Ciudad de México mantiene la facultad legal de impugnar esta resolución, el fallo se considera un avance jurídico significativo. Por primera vez, una instancia del Poder Judicial de la Federación interviene para romper el cerco informativo impuesto por las instituciones locales respecto a la contingencia ambiental en la alcaldía.
La resolución obliga también a detallar las acciones técnicas futuras para garantizar que el líquido distribuido cumpla con las normas oficiales mexicanas de potabilidad. Con esta orden judicial, las autoridades se ven obligadas a documentar las condiciones exactas del acuífero y el estado de la red de distribución en el sector afectado, permitiendo finalmente un análisis independiente sobre los posibles efectos a largo plazo en la salud de la población juarense.
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