La diputada Ernestina Godoy solicitará mediante un punto de acuerdo a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal abrir una investigación sobre los contratos que presuntamente realizó la delegación Benito Juárez con la empresa Oracle y la posible “relación de negocios” con los panistas detenidos en Brasil.
Indicó que la investigación clarificará el tipo de relación de los exfuncionarios panistas y la empresa Oracle, debido a que distintas versiones señalan que Mateo Codinas Velten, otro de los detenidos, presuntamente llevó a Brasil a los panistas y ex servidores públicos de alto nivel de la Delegación Benito Juárez, Sergio Eguren Cornejo, exdirector general de Desarrollo Delegacional, y Rafael Medina Pederzini, exdirector de Gabinete y Proyectos Especiales, como premio por haberle otorgado un contrato a Oracle, de donde es representante comercial, indicó la legisladora.
Cabe recordar que los servidores públicos cesados fueron detenidos en Brasil por delitos de abuso sexual (cuando una persona manosea a otra sin su consentimiento ni intención de llegar a la cópula) y agresiones físicas contra una pareja de abogados.
En este sentido, dijo, “el boom de la nota, el morbo y escándalo ya pasó, las autoridades brasileñas de acuerdo a sus leyes definirán el rumbo de sus investigaciones; en tanto, en el DF el caso tiene que encausarse por la vía administrativa en la Contraloría General conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos”.
La legisladora señaló que la Contraloría General tiene las atribuciones necesarias para abrir un expediente e investigar qué tipo de contratos ha otorgado la delegación Benito Juárez en materia de “software para el desarrollo de un sistema tecnológico”.
Comentó que el cese de los servidores públicos, es el primer paso, el segundo y más importante es la investigación para deslindar responsabilidades en materia administrativa y penal que puede derivar en sanción punitiva, pecuniaria e inhabilitación para ocupar un cargo en la Administración Pública.
Informó que mediante un punto de acuerdo, la Asamblea Legislativa requerirá al Jefe Delegacional Jorge Romero detallar las condiciones laborales en las cuales los implicados salieron de “vacaciones”, permiso, licencia, comisiones, vacaciones o similares; si más servidores públicos de la demarcación están en este supuesto, quién de los superiores jerárquicos concedió las autorizaciones correspondientes; gastos de viaje, representación, servicios, servicios profesionales o similares que se hayan autorizado para los meses de mayo a julio de 2014, entre otros.
En tanto, dijo, a la Contraloría General se le solicitará investigar los contratos de la Delegación Benito Juárez otorgados en los últimos cinco años a compañías, empresas, sociedades civiles o mercantiles en las que aparezcan los C. Mateos Codina Velten y Ángel Rimak Eguren Cornejo, como accionistas, socios, representantes, funcionarios o de alguna otra forma.
De igual forma, investigar los contratos celebrados por la Delegación Benito Juárez a propuesta de los titulares de las Direcciones Generales de Gabinete y Proyectos Especiales y de Desarrollo Delegacional, o celebrados por los titulares de estas Direcciones Generales o sus subalternos, o que estén relacionados con servicios o adquisiciones de software.
Estos elementos permitirán a la Contraloría General determinar si los exfuncionarios de la delegación Benito Juárez incurrieron en algún tipo de responsabilidad administrativa y penal, concluyó la diputada Ernestina Godoy Ramos. (En la foto, el diputado del PAN, Christian Von Roehrich, y la panista Godoy).
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