Ante evidencias de una mera simulación, la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordó solicitar al jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, un informe pormenorizado de las construcciones que han sido suspendidas, clausuradas y las que han reiniciado trabajos, así como el programa de demolición de las obras sancionadas.
Desde el 21 de febrero pasado, cuando anunció un programa de regularización de construcciones irregulares en la demarcación y mencionó la existencia de una lista de 209 obras en esa situación, Romero Herrera ha presumido la “suspensión” de poco más de 100 construcciones, pero la Oficina de Información Pública ha informado oficialmente a Libre en el Sur que más de la mitad de ellas han sido reabiertas y continúan trabajando.
Ante esa simulación del delegado panista, la diputada local por Benito Juárez Dinorah Pizano afirmó al presentar la propuesta en la ALDF que se han multiplicado las construcciones para vivienda de manera ilícita, que han ocasionado afectaciones en zonas habitacionales que únicamente permiten tres niveles de construcción. La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que este fenómeno es observable en todo el territorio del Distrito Federal, sin embargo, a su juicio, tiene particular gravedad en el territorio que corresponde a la delegación Benito Juárez.
“A pesar de que en múltiples ocasiones las construcciones irregulares han sido denunciadas por varios ciudadanos afectados, la autoridad competente no aplica las sanciones correspondientes”, subrayó Pizano Osorio. Informó que el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal señala que las delegaciones tendrán competencia en asuntos de obras y servicios, protección civil y seguridad pública así como otorgar y revocar licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, observando las leyes y reglamentos aplicables.
También señala que las delegaciones pueden imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos, así como elaborar los dictámenes técnicos respecto a las condiciones de riesgo de sitios o inmuebles en los términos de esta ley y del reglamento.
Según el punto de acuerdo aprobado, el Jefe Delegacional en Benito Juárez deberá remitir el informe detallado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el cual debe incluir el programa de demolición de las construcciones que tienen alguna sanción
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