La Constitución de la Ciudad de México no debe contener enunciados engañosos ni “ilusiones” incumplibles en materia del comercio en la vía pública y trabajo sexual, pues de lo contrario se quedará en meros postulados políticos del actual gobierno, consideró Carlos Gelista González, Diputado Constituyente por el Partido Acción Nacional.
En ese sentido, advirtió el también vecino juarense, el artículo 15 del proyecto de Constitución presentado por el Jefe de Gobierno plantea engaños a la ciudadanía al proponer la “certificación”, “capacitación” y un “Fondo de Pensiones” para los trabajadores no asalariados.
A Gelista eso le resulta incongruente porque en el mismo ámbito se consideraría a todos los trabajadores no asalariados –abogados, personas que venden comida en la calle y los que pasan comprando lavadoras, refrigeradores y ropa usada, por ejemplo— y aquellos que no estén capacitados, porque no quieran o porque al gobierno no le alcance para capacitarlos, van a estar automáticamente excluidos y habrá una diferenciación entre unos y otros.
El Fondo de Pensiones que se establece en el proyecto de Constitución también es un engaño, dice, pues se realizaría con aportaciones de las propias personas y eso no les resolverá absolutamente ningún problema. “Lo único que ocurrirá es que van a generar una burocracia adicional y que no habrá ningún otro tipo de aportaciones”.
Por eso, explicó, el PAN propone que en la futura Constitución se establezca una legislación secundaria en la materia, con derechos y obligaciones, para resolver de una vez por todas un problema ante el cual todos los gobiernos han cerrado los ojos. “Estamos a favor de que este sector cuente con todas las seguridades jurídicas que le competen y le corresponden. Pero legislemos para que de una vez resolvamos ese problema y no le demos vueltas”, sentenció.
Las iniciativas del Grupo Parlamentario del PAN en torno al comercio en la vía pública, van en la premisa de que es una actividad que existe y que no ha sido atendida por ningún gobierno de una manera adecuada. Considera que la legislación actual es “pequeña e incipiente” y sólo ha dado lugar a que los comerciantes ambulantes se conviertan en rehenes o clientelas políticas y a que sean explotados precisamente por ese estado de inseguridad jurídica en que se encuentran.
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