Ante el posible daño al erario público por 65 millones 85 mil 700 pesos, la diputada Dinorah Pizano Osorio acudió a la Contraloría General del Distrito Federal a solicitar se investigue los posibles actos, omisiones y conductas indebidas de servidores públicos de la delegación Benito Juárez que afectaron la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia de sus funciones, pidió además, fijar las sanciones correspondientes en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, precisó que de acuerdo al resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 que realizó la Auditoria Superior de la Federación (ASF), entregada a la demarcación el 26 de noviembre de 2014, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, asignó 118 millones de pesos al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP).
La legisladora señaló que de acuerdo al informe de la ASF se presume un daño al erario público por 65 millones 85 mil 700 pesos, de los cuales 56 millones 189 mil pesos, fueron utilizados en materiales de construcción que no correspondían a este rubro, tres millones 68 mil pesos en proyecto ejecutivo para la obra, cinco millones 592 mil pesos en mantenimiento de banquetas y 235 mil pesos en estudio de mecánica de suelo.
Pizano Osorio reprobó el actuar de la delegación Benito Juárez por la falta de transparencia en la utilización de dichos recursos, debido a que no publicó en su página de Internet ni en ningún otro medio de comunicación, información referente a las obras realizadas con el dinero del FOPEDEP 2013.
En consecuencia, la ASF constató que la delegación Benito Juárez carece de registro de información financiera de las operaciones, destino de los recursos, obra pública y transparencia.
Además dijo la diputada local, dicho órgano auditor detectó que la demarcación tampoco cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la mitigación y administración de riesgos, ni con procedimientos para la autorización de planes.
En conclusión, detalló Pizano Osorio, la utilización de recursos destinados al FOPEDEP no estuvieron posiblemente apegados a la normatividad que regula su ejercicio y cumplimiento de las metas establecidas para dicho rubro.
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