El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, informó que esta mañana se presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Cámara de Diputados, por el recorte de 950 millones de pesos al presupuesto de este organismo autónomo.
Lo anterior lo dijo en entrevista antes de iniciar la sesión extraordinaria del Consejo General, donde analizarán y votarán los ajustes que se aplicarán en diversos proyectos y acciones del gasto corriente, a fin de garantizar los recursos para las cinco elecciones locales que se realizarán el próximo 2 de junio y para garantizar los servicios a la ciudadanía.
INE. Controversia. Foto: Especial
“El día de hoy, hace unos minutos, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por considerar que esencialmente con la reducción de 950 millones de pesos que determinaron las y los diputados, se coloca en una situación de vulneración de su autonomía y compromete la independencia del INE”, explicó.
Córdova Vianello afirmó que este recurso es completamente legal y al cual tiene derecho el INE, pues esta contemplado en el artículo 105 de la Constitución, por lo que defenderán la autonomía del instituto hasta donde la ley lo permita.
“Somos respetuosos del orden constitucional, celosos de nuestra autonomía, deferentes y respetuosos de las funciones de todos los poderes, pero este es un Estado constitucional de derecho”, dijo.
Señaló que de ninguna manera interponer la controversia representa un enfrentamiento con los poderes de la Unión, como son la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal, es un derecho que han decidido ejercer.
Informó que lo que se pide en la controversia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interprete normas constitucionales para que en futuros ejercicios presupuestarios, donde la Cámara de Diputados tiene la potestad de aprobarlos, se establezcan y definan con claridad cuáles son las reglas, los procedimientos y los límites que tiene el Congreso para hacer ajustes.
“Esto no es una disputa, es simple y sencillamente un llamado, apelar a que la Suprema Corte, que es el intérprete de la Constitución, resuelva un diferendo jurídico en torno a lo que tiene que ver con la falta de ciertas normas.
“Nadie se está peleando con nadie, estamos defendiendo y construyendo el orden constitucional democrático de derecho, a partir de naturales tensiones y diferencias que existen entre los órganos del Estado mexicano”, destacó.
Indicó no hay ninguna controversia de orden político, y que el INE sólo cumple con la Constitución, y subrayó que incluso iniciaron negociaciones con las secretarías de Gobernación, y Hacienda y Crédito Público, para solicitar una ampliación presupuestal por 619.2 millones de pesos que se requieren para cumplir con la obligación que le marca la Constitución al INE.
El INE por ley tiene que participar en la organización de las elecciones locales que en este año se realizarán en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, con la instalación de mesas de casillas, capacitación e integración de ciudadanos para las mismas, y la fiscalización de los recursos que se usen en precampañas y campañas.
Apuntó que en las pláticas con el gobierno federal se ha entendido que estamos en un Estado constitucional de derecho, y “por eso estamos recurriendo a las vías constitucionales y jurídicas para resolver esta situación, que es inédita. Una situación muy compleja en la que el INE va, insisto, a cumplir con la Constitución, a cumplir con la ley y encontrar junto con el gobierno federal una solución para resolver el problema con el que hoy nos encontramos”.
Aclaró que de ninguna manera esta decisión de interponer la controversia constitucional representa “un pleito” con el gobierno federal: “No es pleito con nadie, la controversia que hoy se presentó es una defensa del orden constitucional, para que el órgano facultado para interpretar las normas fundamentales, es decir, la SCJN, resuelva un diferendo jurídico”, explicó.
En un comunicado, se reiteró que el INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria sin justificación, sin un análisis de las consecuencias.
Se indicó que lo anterior viola su autonomía financiera e independencia económica, sometiendo al INE a dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales.
En la controversia se plantea la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la ley electoral y el estatuto del servicio profesional electoral nacional y de la rama administrativa.
El INE afirmó que al modificar en el presupuesto 2019 los tabuladores que el instituto aprobó en ejercicio de su autonomía y con pleno respeto al artículo 127 constitucional, así como a las demás normas que rigen sus remuneraciones, se obligaba a este organismo a vulnerar derechos humanos de sus trabajadores.
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