Una nueva denuncia contra el panista Jorge Romero Herrera, jefe delegacional electo de Benito Juárez, fue presentada ante la Contraloría General del Distrito Federal por el delito de usurpación de profesión, en la que se solicita al titular de esa dependencia del gobierno capitalino, Ricardo García Sainz, dar vista al agente del Ministerio Público “para que se sirva entrar al estudio e integración de los hechos denunciados por ser constitutivos de un ilícito en agravio de la sociedad”.
Esta demanda se suma a otras que por diversos motivos y causas investiga ya la Contraloría capitalina contra Romero Herrera y a la denuncia penal presentada por un grupo de vecinos de Benito Juárez ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PJDF), de la cual informó Libre en el Sur el pasado jueves 23 de agosto, también por el ilícito de usurpación de profesión tipificado en el artículo 323 del Código Penal capitalino.
La nueva querella está dirigida al Contralor General del DF y la copia en poder de Libre en el Sur está sellada de recibida en la oficina de García Sainz el pasado 22 de agosto. Fue presentada a nombre de residentes juarenses por Marco Aurelio Ramírez Rosas en su calidad de ciudadano y habitante de la delegación Benito Juárez, quien adjunta a la misma como prueba copia del oficio número DGCGPE/019/09, del 9 de noviembre de 2009, en el que Romero Herrera designa como su suplente ante los comités, subcomités y consejos a Luis Alberto Mendoza Acevedo, actual presidente delegacional del PAN en Benito Juárez. El oficio, con membrete de su dirección general y los emblemas oficiales del Distrito Federal y de la Delegación, tiene su firma arriba del nombre: “Lic. Jorge Romero Herrera” (sic). Marca copia para el Lic. Mario Alberto Palacios Acosta, jefe delegacional en Benito Juárez, “para su conocimiento”.
Se asienta en la denuncia que el entonces director general de Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales de la DBJ “se ostentó durante el tiempo que desempeñó ese cargo público, como licenciado en derecho, a sabiendas de que no tenía concluida la totalidad de los estudios correspondientes que le permitieran acceder u otorgar de parte de la dirección general de Profesiones de la SEPO la patente para ejercer profesionalmente la Licenciatura en Derecho, circunstancia que evidentemente puso en riesgo el bienestar y armonía de los vecinos en Benito Juárez”.
El demandante indica al contralor García Sainz que en su carácter de autoridad administrativa “deberá estudiar e investigar para lograr su perfeccionamiento a través de las diligencias que considere pertinentes, y así determinar lo que a derecho corresponda, todo ello con independencia de dar vista al C. Agente del Ministerio Público correspondiente para que de igual manera ordene el inicio de la indagatoria, así como el desahogo de las diligencias pertinentes”.
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