Diputados de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables y la directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, coincidieron en la necesidad de revisar y reformar el marco jurídico que regula los apoyos para más de 469 mil personas adultas mayores que viven en la capital.
Durante la comparecencia de la servidora pública, los diputados Cristian Vargas Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, y Carlo Pizano Salinas, de Acción Nacional, plantearon eliminar la universalidad de la pensión alimentaria de 897 pesos con 30 centavos, por considerar que existen beneficiarios que no necesitan el recurso.
El diputado priísta cuestionó la confiabilidad de la base de datos de las altas y bajas del Instituto y denunció la entrega de la pensión alimentaría a una persona que falleció desde hace tres años. Asimismo criticó que las tarjetas que se entregan a los adultos mayores sólo se reciban en las grandes tiendas transnacionales, cuando deberían buscar beneficios a los locatarios de los mercados públicos y que la entrega se haga en eventos masivos.
En tanto el diputado Pizano Salinas afirmó que la universalidad de la pensión alimentaria afecta a los más desprotegidos y beneficia a los que más tienen, toda vez que el gasto social no se ejerce en términos de equidad y eficiencia, por lo que propuso focalizar la entrega de los apoyos. Reprochó la ausencia de una evaluación de impacto que permita medir mejoras en el bienestar de los adultos mayores y que éstas sean atribuibles al programa.
En otro tema, propuso como requisito adicional para obtener el apoyo de pensión alimentaría, la asistencia médica trimestral o la entrega de una constancia que señale un seguimiento de su salud. El legislador urgió la necesidad de revisar y reformar el marco jurídico actual que norman a dicho sector, en donde no se nombra al Instituto, tal es el caso de la leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la de Asistencia e Integración Social y la de Albergues Privados, con la finalidad de mejorar la coordinación a favor de los adultos mayores.
En nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez reconoció el trabajo del instituto a través del aumento de los derechohabientes, y se comprometió a que la ALDF vigile y defienda los derechos de los adultos mayores.
En tanto el diputado Juan José Larios Méndez apuntó que la creación del instituto garantiza una política clara en beneficio de este sector vulnerable y resaltó que mientras a nivel federal hubo modificaciones a la Ley del ISSSTE y del Seguro Social en contra de los adultos mayores, en la Ciudad de México se crea un instituto y se hace ley la pensión alimentaria.
En respuesta la directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, Rosa Icela Rodríguez, se pronunció en contra de la eliminación de la universalidad y propuso establecer foros o mesas de trabajo para analizarlo; afirmó que el instituto nunca ha entregado las tarjetas de la pensión alimentaria en actos masivos; además de rechazar que en el padrón actual de beneficiarios se encuentre la persona que denunció el diputado Vargas Sánchez.
En este sentido, sostuvo que las altas y bajas del padrón se basan en la información diaria y puntual que les envía el Registro Civil y que de acuerdo con la ley las evaluaciones del programa, son facultad de Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF.
Antes, la funcionaria pública advirtió de la afectación a los adultos mayores por violencia o maltrato familiar que enfrentan y dijo que desde la creación de la Agencia Especializada para la Atención de las personal Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar, se han atendido a 2 mil 476 personas.
Asimismo informó que 80 por ciento de las mujeres mayores de 68 años que reciben la pensión alimentaria, es la primera vez que tienen una retribución económica. Agregó que actualmente atienden a 469 mil 812 adultas y adultos mayores, que pueden hacer sus compras en 3 mil 70 tiendas, mercados, farmacias y centros comerciales de toda la ciudad.
Puntualizó que 80 por ciento de los beneficiarios con los recursos de su pensión adquieren sólo alimentos, 36 por ciento artículos de higiene personal, 34 por ciento medicinas y 8 por ciento ropa y calzado.
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