A tan sólo tres días de comenzar la nueva administración panista en la Delegación Benito Juárez, ya hay incumplimiento de palabra y un posible caso de corrupción con empresas constructoras –según el señalamiento de vecinos de la colonia General Anaya— pues las autoridades jurídicas retiraron los sellos de clausura de una construcción que ha sido ícono de las obras irregulares en la demarcación.
Efectivamente, en la construcción ubicada en el número 93 de la calle Bruno Traven en la colonia General Pedro María Anaya, que había sido clausurada hace casi dos años, el lunes 5 del presente se reanudó la obra tras pagar únicamente una multa de 146 mil 408 pesos.
La trampa de los empresarios inmobiliarios consistía en construir través de la Norma 26 más pisos de los permitidos, que son tres según el registro de uso del suelo del predio; sin embargo al final no respetarían el precio de la vivienda de interés social, que debe ser de un máximo de 700 mil pesos, pues se trata de una zona residencial. Así, la construcción en Bruno Traven tendría cinco niveles, más dos de estacionamiento, con 30 departamentos y un costo de entre uno y 3.4 millones de pesos.
Tras ganarse un juicio de lesividad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se ordenó a la empresa la demolición en un plazo de tres días, “algo que nunca sucedió”, según acusa ahora Ángeles Rodríguez, vecina y presidenta de la Asociación de Residentes de la Colonia General Pedro María Anaya.
Las sanciones fueron “revocación de la manifestación de obra, clausura total de la construcción, demolición y pago de multa”, explicó la vecina, que precisó que nunca se estipuló que con el pago de la multa se anulaban las demás sanciones.
Rodríguez aclara que los integrantes de la Asociación Vecinal no se oponen a las construcciones, pero les preocupa el desabasto de agua y el riesgo por la condición del suelo, ya que en la zona están apareciendo muchos socavones. Además –dice— durante la construcción de los cimentación, el complejo habitacional ubicado en General Rincón 68 sufrió un hundimiento. Por lo que los vecinos presentaron una demanda penal y el daño ya fue valuado por peritos.
Los residentes ya interpusieron su queja a la DBJ y están en espera de una resolución de acuerdo con las sanciones fijadas, pues pese a que se levantaron los sellos de clausura, no existe una nueva manifestación de construcción. (Mariana Malagón)
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