La Cámara de Diputados desechó el proyecto de reforma constitucional en materia electoral enviado por la Presidenta, al no obtener la mayoría calificada de dos tercios requerida por la ley.
Tras el freno a las modificaciones constitucionales, el bloque mayoritario presentó de inmediato una iniciativa de reforma a leyes secundarias para realizar ajustes operativos al sistema electoral.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
La Cámara de Diputados desechó el proyecto de reforma constitucional en materia electoral enviado por la Presidenta, al no obtener la mayoría calificada de dos tercios requerida por la ley.
Tras el freno a las modificaciones constitucionales, el bloque mayoritario presentó de inmediato una iniciativa de reforma a leyes secundarias para realizar ajustes operativos al sistema electoral.
El pleno de la Cámara de Diputados rechazó el paquete de reformas constitucionales en materia electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante una sesión que se extendió por varias horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la votación final no alcanzó los 334 sufragios necesarios para modificar la Carta Magna. El bloque unificado de las bancadas de oposición —integrado por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— votó en contra de la iniciativa oficialista, bloqueando así cualquier cambio directo a los artículos constitucionales que rigen al sistema democrático del país.
La propuesta rechazada contemplaba cambios estructurales de fondo que habrían transformado de manera radical la arquitectura institucional de México. Entre los puntos más controvertidos destacaban la transformación del actual Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos en años no electorales y la eliminación total de las diputaciones y senadurías por la vía de la representación proporcional o plurinominales. Asimismo, la iniciativa planteaba un esquema inédito en el que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueran elegidos mediante el voto directo de la ciudadanía en las urnas, tras ser nominados por los tres Poderes de la Unión.
Al no prosperar la vía constitucional, que requiere el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes, la bancada de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México activaron de manera inmediata el denominado Plan B. Esta estrategia consiste en la presentación de una serie de modificaciones a leyes secundarias —específicamente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos— que solo requieren de una mayoría simple para su aprobación. Dado que el bloque gubernamental cuenta con más del 50 por ciento de los asientos en la Cámara baja, el tránsito de estas reformas se considera asegurado en la instancia legislativa.
El Plan B legislativo busca realizar recortes sustanciales en la estructura administrativa y operativa del órgano electoral. Entre las medidas propuestas se encuentra la compactación de las juntas distritales y la eliminación de áreas técnicas que, según la propuesta, presentan duplicidad de funciones. También incluye cambios sustanciales en las reglas de fiscalización y en los tiempos de comunicación política. Un punto que ha generado particular rechazo es la modificación que permitiría a los servidores públicos emitir opiniones políticas y difundir logros de gobierno durante periodos de veda electoral, bajo el argumento de que esto forma parte de su libertad de expresión, lo cual ha sido señalado por la oposición como una vulneración a la equidad en las contiendas.
Representantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional manifestaron desde la tribuna que este recurso alterno intenta desmantelar la capacidad logística de la autoridad electoral por una vía que consideran fraudulenta y contraria a la esencia de la Constitución. Los legisladores de oposición adelantaron que, una vez que estas reformas a leyes secundarias sean aprobadas, publicadas y entren en vigor, recurrirán de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar diversas acciones de inconstitucionalidad, buscando que el máximo tribunal del país frene su implementación antes del próximo ciclo electoral de relevancia nacional.
Por su parte, el grupo parlamentario de Morena defendió la legalidad y la pertinencia del movimiento, asegurando que los cambios propuestos en las leyes secundarias respetan los límites constitucionales y buscan generar ahorros significativos. Afirmaron que la reorganización administrativa es una demanda ciudadana para reducir el costo de la burocracia electoral y que el Plan B garantiza la operatividad del sistema sin comprometer la certeza de los resultados. El debate continúa en un clima de alta polarización política, mientras se espera que la minuta sea turnada al Senado para su revisión final.
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