La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) rescató el pasado fin de semana a 29 mujeres víctimas de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, en dos establecimientos ubicados en la delegación Benito Juárez. Asimismo, detuvo a cinco presuntos responsables de ese delito.
Ambos antros ubicados sobre la calzada de Tlalpan, que operaban como “table dance” y “men´s club”, habían sido reiteradamente denunciados desde hace tiempo por vecinos de las colonias Postal, Álamos y Portales, sin que la Delegación Benito Juárez, que encabeza el panista Jorge Romero Herrera, actuara para clausurarlos.
La propia DBJ confesó el mes pasado de manera oficial y por escrito que no actúa contra la trata de personas ni contra la prostitución. Al solicitar a la Oficina de Información Pública delegacional que informase “cuántos locales y/o negocios en que se haya detectado trata de personas han sido clausuras por la delegación Benito Juárez del 1 de octubre del 2012 a esta fecha”, Alejandro Monge Pérez, subdirector Jurídico de la DBJ respondió que “no obra antecedente alguno relacionado con la realización de operativos en contra de la trata de personas, por lo que esta autoridad se encuentra imposibilitada para dar la debida atención al caso que nos ocupa, por lo que le sugerimos enviar su solicitud a la autoridad competente que es Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”. (Oficio DGJG/DJ/SJ/ 07069/2014, del 13 de mayo).
Hace algunos meses, la exdiputada federal panista Rosi Orozco, actual dirigente del movimiento Unidos contra la Trata, acusó al delegado Romero Herrera de no actuar contra la trata de personas y en consecuencia ser cómplice de ese grave delito, dado que en Benito Juárez se toleraba el funcionamiento de establecimientos donde se explota sexualmente a mujeres (http://ow.ly/y8Dsa). Tampoco ha atendido las denuncias sobre la proliferación de la prostitución en la propia calzada de Tlalpan e incluso en calles interiores y parques de las colonias mencionadas.
La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas indicó que se ejerció acción penal contra cinco personas, señaladas por las afectadas como quienes las explotaban en los establecimientos con razón social “Edens” y “Pompeya”.
El Ministerio Público indicó en un comunicado de prensa que integró el pliego de consignación y puso a disposición del juez de la causa a Julio César Espinoza Leal, David Mendoza Figueroa, Rubén Rodríguez Morales, Martín López Venegas y Miriam Caltzonci Vázquez.
Los sujetos de sexo masculino fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Norte, mientras la mujer fue consignada al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. De acuerdo con la investigación, los inculpados explotaban a las víctimas mediante la realización de bailes eróticos semidesnudas en privado, con tocamientos a los clientes en los mencionados lugares.
El “modus operandi” de la explotación consistía en realizar también servicio de “ficheo” y “copeo” con los clientes y del dinero obtenido por estas acciones, 80 por ciento era para el establecimiento y el resto para las víctimas. Asimismo, se estableció que los encargados de dichos lugares imponían a las mujeres una serie de castigos económicos, consistentes en entregarles menos dinero si no cuidaban su aspecto físico o subían de peso, entre otros.
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