A pesar de la terquedad de la empresa en depredar el área arbolada de un predio –sin tomar en cuenta el bienestar colectivo– para ampliar con estacionamientos y tiendas Galerías Insurgentes, y de la inacción de autoridades en la defensa elemental del medio ambiente, los residentes mantienen su lucha.
Por Mariana Malagón
Integrantes del colectivo Vive Actipan cumplieron un año de lucha por la preservación de 83 árboles que existen en un predio ubicado en la colonia Actipan, que la empresa de almacenes Liverpool pretende talar para construir una ampliación del centro comercial Galerías Insurgentes. Mismos que hoy se encuentran en peligro, ya que con el objetivo de secarlos, la empresa pone grava a su alrededor, según denuncian residentes.
Todo empezó cuando en julio de 2015 cundió la alerta entre vecinos de la colonia Actipan sobre las intenciones por parte de Inmobiliaria Floreal, S.A. de C.V. de tirar esos árboles con permiso de las autoridades de Benito Juárez. Entonces obligaron a representantes de la empresa y de los gobiernos local y capitalino a sentarse a dialogar en mesas de trabajo. Pero las autoridades hicieron allí “oídos sordos” a las demandas vecinales.
Sergio Ricco Monge, uno de los afectados directamente, explica que Galerías Insurgentes-Liverpool adquirió mediante “remate judicial e intestados los predios que hoy conforman Oso 51 (un total de 5 mil 570 metros cuadrados); además de lograr con la complacencia de los distintos niveles de gobierno el cambio de uso de suelo de habitacional a comercial”. Asimismo, asegura que desde marzo pasado no ha habido comunicación ni respuesta por parte de ninguna instancia de gobierno.
En el predio de la calle Oso número 51, Inmobiliaria Floreal planea construir 2 mil 570 cajones de estacionamiento, nueve salas de cines, área de fast food y la ampliación de la tienda Liverpool y otras.
“Que durante un año de lucha no hayan arrancado los trabajos se debe a continúa la inconformidad de vecinos de la zona y a que hay una serie de elementos que las empresas no han cubierto”, manifiesta Ricco. Y reitera que la petición a las autoridades es recuperar el predio en beneficio de la ciudadanía, que se expropie y se genere un espacio verde.
En respuesta a las demandas vecinales, desde agosto de 2015 se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que participaron vecinos, representantes de Galerías Insurgentes-Liverpool y autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la Delegación Benito Juárez. La empresa presentó a los residentes, en octubre de 2015, un “nuevo proyecto” con cambios nimios que continuaban afectando las viviendas colindantes y los árboles.
Mientras la DBJ se negó a dar a conocer la información porque “se pondría en riesgo la vida, el honor o la imagen de cualquier persona”; el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISCDF), en diciembre de 2015, dictaminó que el proyecto estructural de ampliación del centro comercial “en términos generales cumple con los lineamientos del Reglamento de Construcciones para la CDMX y sus Normas Complementarias”, de acuerdo con el oficio ISCDF-DF-2015/1335, firmado por Renato Berón, director general.
En las mismas reuniones, el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, reiteradamente mencionó que el Estado no podía intervenir en el uso de la propiedad privada.
Al daño ambiental que ocasionaría la ampliación de Galerías Insurgentes, se suman las afectaciones patrimoniales a las viviendas colindantes, ya que la cimentación de la construcción podría afectar las edificaciones. Se levantarán muros de 18 metros de altura. Vialmente colapsará la zona, pues se trata de una zona habitacional con calles angostas y no de una comercial. Y se teme que impacte en la falta de servicios, como el agua potable.
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