El panista Jorge Romero Herrera, actual coordinador del grupo parlamentario de su partido en la Asamblea Legislativa capitalina, sabía desde 2013 que en la delegación Benito Juárez, una de las más afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, había cuando menos 209 construcciones, “empadronadas” en un listado inicial, que violaban el uso del suelo al exceder el número de pisos permitidos.
El 21 de febrero de ese año, a casi cinco meses del inicio de su gestión como jefe delegacional de Benito Juárez, anunció en conferencia de prensa un programa para detener esa obras ilegales contenidas en un “primer padrón” y ofreció clausurarlas a razón de “tres al día” para iniciar un procedimiento de revocación que culminaría en su demolición.
“Esta es una acción que responde a una solicitud de los vecinos, no es una ocurrencia de este gobierno”, dijo enfático ante los medios de comunicación en el vestíbulo de la sede delegacional. “Es una preocupación ciudadana, me atrevo a decir: la principal”.
Sin embargo, tras simular la suspensión de apenas 122 de esas 209 iniciales, todas reanudaron actividades y ni una sola fue clausurada ni menos demolida durante su gestión. Fue mera simulación, se comprobó a la postre, para acallar en efecto las protestas vecinales sobre la proliferación de construcciones ilegales en la demarcación juarense y las denuncias sobre actos de corrupción en las que estarían involucradas las autoridades delegacionales encabezadas por Romero Herrera.
Al hacer su espectacular anuncio, el entonces delegado aseguró que en total había en la BJ “más de 700” edificaciones que violaban las normas y que se irían incluyendo en sucesivos padrones “después de una auditoría y una revisión ocular”. Enseguida, acompañado por los reporteros de diversos medios, acudió a pegar sellos en las tres primeras obras de su listado inicial, en las colonias Mixcoac, General Anaya y San José Insurgentes.
En cada caso posó para los fotógrafos con gesto grave al lado de una enorme manta de “suspendida” que simuló colocar en la fachada de cada inmueble sancionado, aunque resultó ser la misma que usó en sucesivas acciones, sostenida por dos empleados de la Delegación ocultos detrás…
Dos semanas después, ante el incumplimiento de su promesa de cerrar tres obras irregulares diarias, argumentó en una entrevista con el diario Reforma que eso, su propia promesa, era “material y humanamente imposible” (sic).
En realidad, su propio conteo, que divulgaba cotidianamente en su cuenta de Twitter, sólo llegó a las 122 construcciones “suspendidas”; pero no decía por supuesto que a medida que se actuaba contra nuevas las anteriores iban reanudando sus actividades, hasta que todas fueron reabiertas y terminadas impunemente y Romero Herrera simplemente no volvió a tocar el tema. Nunca hubo una nueva “tanda” de obras ilegales.
La propia Delegación reconoció que no se había clausurado ninguna construcción. A través del oficio DGJG/DJ/SJ/JUDRJRSC/4021/2013, del jueves 21 de marzo, Horacio Martínez Becerril, jefe de la Unidad de Registros de la DBJ, informó que “por instrucciones del director General Jurídico y de Gobierno (Luis Vizcaíno”) da a conocer que “no se ha llevado a cabo la ejecución de ninguna clausura en materia de obras y construcciiones”.
Lo anterior fue confirmado por Montserrat Flores García, jefa de la Unidad de Calificación 'A', en el oficio DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/3710/2013. “De los procedimientos de verficiación que se han iniciado en lo que va del 2013, no se ha llevado a cabo la ejecución de ninguna clausura en materia de construcciones”, manifiesta.
El 21de agosto del mismo año, la fracción parlamentaria del PRD en la ALDF a través de la diputada Dinorah Pizano Osorio acusó a el delegado Romero Herrera de simulador y logró que la Asamblea le solicitara un informe cabal sobre obras ‘suspendidas’ y ‘clausuradas’ en Benito Juárez que han sido reabiertas. Nunca respondió a esa solicitud.
Nunca, tampoco, cumplió su promesa de campaña como candidato del PAN de revocar la manifestación de construcción y demoler el edificio ilegal de Millet 39, en la colonia Extremadura Insurgentes –clausurada desde 2012 por innumerables violaciones a la norma– que se volvió emblemático de la corrupción inmobiliaria. Aunque aseguró a los vecinos que los “sorprendería” con la celeridad con que actuaría en ese caso, nunca lo hizo.
No fue casual que la desarrolladora Grupo Rouz, propietaria de ese inmueble, otorgó a Romero Herrera un “descuentazo” de 1.6 millones de pesos en la compra de un penthouse de lujo en el condominio de Gabriel Mancera 1542, colonia del Valle, según se documentó ampliamente.
El jueves pasado, un reportaje televisivo difundido en el noticiero de Imagen Noticias por Ciro Gómez Leyva denunció que durante la gestión de Romero Herrera como delegado en Benito Juárez, actual líder de los diputados locales del PAN, se autorizó la construcción de 14 inmuebles con más pisos que los permitidos por el Uso del Suelo H3 sólo en una de las 56 colonias de la demarcación, la Zacahuitzco, donde el derrumbe de un edificio en Bretaña 90 causó la muerte de dos personas en el reciente sismo.
(En la foto, el panista Romero Herrera en una de las primeras obras ilegales que simuló suspender, en febrero de 2013).
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