STAFF/LIBRE EN EL SUR
En tanto que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 24 y 27 meses e impuso sanciones económicas por poco más de dos millones de pesos a Cyber Robotics Solutions S. A. de C. V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, senadores de oposición exigieron que la Fiscalía General de la República intervenir para castigar posibles delitos.
“Del lado de los funcionarios públicos que intervinieron en compra de ventiladores para tratamiento de Covid-19 se tendría que investigar el delito de encubrimiento, así como también uso ilícito de atribuciones. Se configuran delitos y esos delitos la Fiscalía General los tiene que sancionar”, afirmó Xiochitl Gálvez, senadora por el PAN, integrante de la Comisión Anticorrupción.
Precisó la legisladora que también se configura “un delito de afectación grave al consumo nacional” y tráfico de influencias.
Por su parte, la SFP informó este lunes en un comunicado que también solicitó la suspensión de cuatro funcionarios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, quienes fueron los que participaron en el proceso de adquisición de 20 respiradores a la empresa ahora inhabilitada.
La dependencia afirmó que durante el proceso de adquisición se registraron distintas irregularidades, entre ellas, que no se justificó el carácter urgente que se utilizó para adjudicar de manera directa la compra y no se garantizó el mejor precio para el Estado.
“La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de ‘entrega inmediata’ resultó insostenible”, advirtió.
El precio ofrecido, añadió la SFP, estuvo fuera del rango del mercado, tal como se demostró en adquisiciones posteriores de equipos similares, incluidos los que se compraron a través de la intermediación de la Cancillería.
“La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia”, detalló.
“Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS”.
En el caso de los funcionarios que participaron en la contratación, añadió la SFP, se les suspendió de sus actividades, se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y pronto se emitirán las sanciones correspondientes.
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