Para todos quienes tenemos la fortuna de desempeñar algún tipo de cargo al interior de las instituciones gubernamentales resulta refrescante y aleccionador la participación de las instancias de la sociedad civil en el ejercicio cotidiano. Son los ciudadanos un factor complementario con peso específico y que sin lugar a duda aporta luces en diversos procesos, incluso al momento de elegir y designar a quienes jugarán un papel trascendente en la vida pública.
La importancia de contar con voces que ensanchan y enriquecen las discusiones es crucial al momento de pensar y analizar la gestión y construcción tanto del espacio público como de las instancias encargadas de velar por la vida democrática en que se desarrolla la cotidianidad.
Es por ello que traigo a la memoria el proceso mediante el cual hace cuatro años el poder legislativo de la Ciudad de México eligió a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Un andar con amplia discusión, foros públicos, abiertos, sin restricción alguna para acompañar y atestiguar la forma mediante la cual la instancia encargada deliberó y tomó una decisión.
Fueron horas de escucha, entrevistas y trabajo legislativo colegiado, para llegar a una propuesta la cual, en pleno uso de las facultades y atribuciones que confieren diversos cargos, consensuamos para velar por el pleno ejercicio de los Derechos Humanos en la capital del país. Un proceso, insisto, transparente, donde los 29 aspirantes gozaron por igual de la oportunidad de exponer los argumentos bajo los cuales buscaban ocupar el cargo de ombudsman local. Pasados los años, no me queda duda, fue una decisión benéfica para la población.
Ahondo. Conforme a debido proceso, la comisión legislativa de Derechos Humanos, la cual presidí durante la VI Legislatura, elaboró una propuesta aprobada por unanimidad y que fue votada por el pleno de la Asamblea, por mis entonces compañeros diputados de las bancadas ahí representadas.
Considero que una condición suficiente, más no necesaria, es que las diversas organizaciones hagan política y propugnen por impulsar los perfiles que consideren adecuados. Es parte de la manera en que un gobierno plural y democrático encausa los debates, escucha todas las voces y transparenta los procesos. De manera enfática me permito diferir con quienes, en el válido uso de los canales de comunicación que consideran pertinentes, tienden a calificar la labor de quienes por normativa deliberan.
Son diversos los factores que orientan la toma de decisiones. En lo que a mi respecta, no intervienen simpatías o puntos de vista en el terreno de lo subjetivo, esa no es la naturaleza de elecciones que impactan el ámbito institucional y que pueden repercutir en la calidad de vida a nivel local.
Por supuesto que consiste en un marco deseable el hecho que cada vez más organizaciones de la sociedad civil participen de los espacios de decisión política y la existencia de mecanismos de verdadera gobernanza democrática. Por lo anterior considero un despropósito ahondar desde la intrascendencia respecto a un proceso por nadie (salvo una persona) escamoteado y traído a cuento en días recientes para impulsar determinadas agendas y perfiles. A título personal lo coloco una práctica tan común como desafortunada: abrir el paraguas de las organizaciones no gubernamentales para intentar incidir en instancias que discursivamente cuestionan pero en la práctica buscan influir e incluso ocupar.
A quienes se ciñen las citadas argucias sería preciso recordar que ninguna de las decisiones alcanzadas emanan de posturas personales o de diagnósticos parciales motivados por impulsos internos. La institución en función de la coyuntura apeló a condiciones objetivas analizadas y valoradas con el único y elemental objetivo de servir a todos los habitantes de la ciudad más grande y compleja del país, la Ciudad de México.
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