El titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (InveaDF), Meyer Klip, reconoció este jueves que no existe un mecanismo jurídico que le permita a los verificadores detectar documentos falsos con los que se acreditan usos de suelo, permisos de construcción o apertura de establecimientos, pues toda esa información depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (Seduvi).
En consecuencia, tras sostener una reunión de trabajo con Klip para conocer las acciones que se han realizado en contra de obras irregulares y de establecimientos que violan la normatividad vigente, el diputado local del PRD, Leonel Luna Estrada, urgió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a tipificar como delito la siembra de documentos falsos y castigar con cárcel a los funcionarios que lo lleven a cabo.
Klip explicó: “La falsificación, en Seduvi y en las delegaciones, funciona por siembra de documentos. Es decir, le dan un dinero a alguien que maneja el archivo, meten un documento falso, después piden cuna copia certificada del expediente, le vuelven a dar un dinero al que maneja el archivo, sacan la copia apócrifa y se amparan con el documento certificado. Lo que nosotros hacemos en esos casos, es solicitar a Seduvi si tienen o no información sobre ese documento. Si SEDUVI nos confirma y nos dice que no tienen constancia en sus archivos, prejuzgamos que el documento es falso y en ese momento suspendemos la obra”.
En ese sentido, Luna Estrada, integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF indicó que en la actualidad el Código Penal sólo contempla sanciones a quienes falsifiquen, alteren o hagan uso indebido de documentos oficiales. “Esto ha dificultado las actuaciones de distintas autoridades que al no poder fincar responsabilidades por la siembra de documentos falsos -sobre todo en expedientes de los archivos que concentran la información y antecedentes de cada predio en la Ciudad-, han visto limitada la efectividad de sus acciones”, dijo.
De ahí que señalara la necesidad de aprobar su iniciativa que propone sancionar con penas que van de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días de salario mínimo de multa a quien introduzca un documento falso o alterado en archivos que se conserven en oficinas públicas. (En la foto, Plaza del Valle, ubicada en Moras y Parroquia, colonia Del Valle, que fue clausurada por el INVEA).
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